Reforma al sistema general de regalías: lo positivo y lo que preocupa de la propuesta del Gobierno


21 junio, 2019
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Fedesarrollo señala que el reto del Gobierno nacional y el Congreso, en su búsqueda de reformar el sistema general de regalías, es encontrar lineamientos de política que garanticen un balance justo entre eficiencia, equidad y transparencia en su repartición entre las regiones. ¿Y la corrupción?

En nuestro editorial Gobierno nacional busca repartir regalías mejor y con mayor facilidad: ¿de qué forma lo logrará? publicamos que el Gobierno nacional tiene la firme intención de reformar el funcionamiento y las asignaciones del sistema general de regalías –SGR–, motivo por el cual en abril de 2019 presentó el proyecto de acto legislativo 365.

En este sentido, Anif, en su comentario económico del día correspondiente al 22 de mayo de 2019, titulado Reforma al sistema general de regalías, vislumbra dos pilares sobre los cuales regirá la discusión: i) la mayor asignación a las regiones productoras y transportadoras de minería e hidrocarburos (reversando lo hecho en la reforma constitucional de 2012); y ii) la mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos, lo cual no necesariamente habrá de mejorar la eficacia de este gasto territorial.

Corrupción en el manejo de regalías sigue estando latente

Desde el punto de vista de Fedesarrollo, los elementos negativos de la propuesta se relacionan con la alta concentración de los recursos en pocos departamentos y municipios productores, lo que va en contravía del objetivo de disminuir las brechas de desigualdad entre regiones.

“la experiencia del Fondo Nacional de Regalías evidenció los riesgos de captura y corrupción que se pueden derivar de concentrar regalías en departamentos y municipios con poca capacidad institucional y supervisión”

Preocupa el impacto de la disminución de recursos destinados a los departamentos y municipios no productores en el desarrollo de estas zonas del país. Adicionalmente, la experiencia del Fondo Nacional de Regalías evidenció los riesgos de captura y corrupción que se pueden derivar de concentrar regalías en departamentos y municipios con poca capacidad institucional y supervisión.

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Además, diversos municipios no cuentan con la capacidad de elaboración y ejecución de programas de inversión, hecho por el cual se crearon las OCAD y el Consejo Rector posterior a la reforma de 2011.

Todos estos elementos dejan en evidencia el «negocio político» existente entre aumentar las asignaciones de regalías para las regiones productoras y disminuir la insatisfacción social, a cambio de un impacto pobre en el desarrollo de las regiones no productoras, y el aumento de riesgos de captura en las regiones productoras.

La entidad concluye que será un reto, tanto para el Gobierno como para el Congreso de la República, encontrar los lineamientos de política que garanticen un balance justo entre eficiencia, equidad y transparencia en el sistema general de regalías.

Fedesarrollo, en la publicación Tendencia Económica del 13 de junio de 2019, expone una serie de elementos positivos y preocupantes contemplados en la reforma.

Lo positivo

  • Contempla inversión para los municipios más pobres del país.
  • Contempla asignaciones para ciencia, tecnología e innovación.
  • Contempla asignaciones para la paz.
  • Contempla mecanismos de ahorro.
  • Contempla recursos para el sistema de seguimiento, evaluación y control.
  • Generaría celeridad en proyectos mineros y de hidrocarburos.
  • Mantiene el sistema presupuestal propio de iniciativa del Gobierno nacional.
  • Mantiene los recursos destinados a la operatividad y administración del SGR.

Lo que preocupa de la propuesta

  • Concentra ingresos del sistema en departamentos y municipios productores, en detrimento de la igualdad interregional.
  • Elimina el órgano colegiado de administración y decisión –OCADS–, y no se propone claramente un nuevo mecanismo de asignación.
  • Da mayor discrecionalidad en la elaboración de proyectos a los gobiernos locales, muchos con baja capacidad institucional y de ejecución.
  • No especifica criterios de asignación de recursos territoriales y regionales.
  • No especifica el funcionamiento del mecanismo de ahorro.
  • No especifica qué entidad administraría y decidiría sobre la concordancia y relevancia de los proyectos de inversión.
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  • 21 junio, 2019
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