Reforma tributaria en tiempos de incertidumbre


4 mayo, 2021
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

El Gobierno nacional a través de una nueva reforma tributaria busca incrementar el recaudo, con lo cual se permita atender los programas sociales que benefician a la población más pobre y vulnerable y mantener el grado de inversión alcanzado.

Sin desconocer que es necesaria una reforma tributaria en el país, el momento de crisis generada por la pandemia hace más complicado llevarla a cabo. Una reforma viable y sostenible es lo que se requiere. A la fecha, gran cantidad de empresas del sector real intentan continuar en funcionamiento, evitando al máximo la destrucción de empleo formal, mientras que las cifras de empleo informal y la economía del rebusque se incrementan. En medio de la reactivación económica la incertidumbre es una constante.

Altas cargas tributarias y la dependencia económica en los precios del petróleo pueden conllevar que se tome el camino más fácil, sin soluciones estructurales que permitan un manejo acertado de las políticas micro y macroeconómicas. Se debe atacar la raíz de los problemas que afectan la economía colombiana para lograr equidad, eficiencia y progresividad en materia fiscal.

Organización fiscal basada en reglas de juego claras, simplificación y facilidad en declaración y pago de impuestos, inversión extranjera que genere beneficios internos (que no llegue para llevarse las utilidades), reducción de la pobreza, creación de empleo, mejoramiento de las condiciones laborales y reactivación del campo son aspectos prioritarios para modernizar y transformar el aparato fiscal y productivo.

Debe existir consenso entre los diferentes partidos y movimientos políticos, gremios, organizaciones empresariales y la sociedad civil para construir una reforma tributaria que atienda las necesidades del país en materia de financiamiento, una que permita identificar, planificar y prevenir que se termine afectando a unos más que a otros; los grandes capitales son los que deben hacer un esfuerzo por aportar más al fisco. No son solo efectos sociales y económicos los que se tendrán, también políticos por estar cerca un año electoral.

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Una política fiscal que contribuya a la consolidación de un Estado activo en lo social implica autonomía, redistribución del ingreso, racionalización de gastos públicos, control a la evasión, optimización, regulación de costos de servicios públicos que están siendo prestados por empresas privadas y mayores inversiones en obras de infraestructura prioritarias con el recaudo de impuestos.

Roberto Carlos Torres Aguas
Contador público, especialista en Finanzas, diplomado en Formación para la Educación Superior y en Normas Internacionales Contables e Información Financiera –NIIF–.

 


 

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  • 4 mayo, 2021
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