Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Gerardo Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, dice que las personas desconfían de los nombramientos a dedo que se hacen para cargos directivos y que la ciudadanía debería conocer la trayectoria de estos y posibles influencias que podrían tener estas personas.
El director de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández Montes, afirma que las reformas institucionales son el primer paso para combatir la corrupción, pero es la fortaleza de las instituciones, las que dan resultados.
Profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Hernández Montes dice que las capacidades de las instituciones, sumado a la voluntad política, son definitorias para el combate a la corrupción.
«Es necesario dotar a las instituciones de las herramientas suficientes para llevar a cabo el trabajo del día a día, más allá de un nombramiento. (…)Hoy en día ya sabemos que el principal problema radica en la forma como se accede al poder y en gran medida, si esos mecanismos de acceso al poder ya vienen penetrados, influenciados por intereses particulares, por intereses criminales, es muy probable que una vez en el ejercicio de ese poder pues se haga a favor de esos intereses, es decir que se devuelvan favores», precisa Hernández Montes.
Hernández Montes, quien en abril de 2017 fue nombrado director ejecutivo de Transparencia por Colombia, agrega que en Colombia se ha identificado que el secuestro de las instituciones por la concusión se da a través de la asignación de contratos públicos y financiamiento de campañas electorales, en donde el sector privado ha pasado de ser víctima de la problemática a actores que son parte de la misma y en ese sentido es muy importante involucrarlos en el proceso de combate a la problemática.
«Un tema que se ha instaurado en la opinión pública colombiana es la designación discrecional de cargos directivos en materia de procuración de justicia, esto después de la captura y procesamiento del fiscal anticorrupción colombiano a quien se le acusa de obstruir una investigación en contra de un gobernador y quien fue puesto en el cargo por el fiscal nacional hace ocho meses», recuerda Hernández Montes.
En especial se discute, dice Hernández Montes, qué tan benéfico es que un alto mando tenga cerca a gente de su confianza.
«En muchos casos han llegado personas idóneas, pero precisamente lo que queremos es que la discrecionalidad no se quede como único criterio, sino que ojalá además de poder ver la trayectoria de las personas que ejercen esos cargos, que la ciudadanía de manera amplia pueda conocer la trayectoria y los posibles conflictos de intereses o posibles influencias que puedan tener estas personas», asevera.
El director de Transparencia por Colombia concluye explicando que las reformas hechas en Colombia desde hace dos décadas han fallado en la instauración de mecanismos para la investigación y posterior sanción de los hechos de corrupción, por lo que es un pendiente latente.
Desde su punto de vista, proyectos contra la corrupción con iniciativas como la ley de protección al denunciante y la ley de cabildeo, son medidas importantes:
«Sobretodo la ley de protección a reportantes de corrupción. Si bien hay algunas cosas que nos parece que se podrían fortalecer, es un elemento muy importante que cubriría un vacío que tenemos en nuestra legislación y es la dificultad que tienen muchos denunciantes, que pueden tener buena información respecto a casos de corrupción, pero que ven que el riesgo de denunciar por consecuencias bien sea a su cargo, a su trabajo, a su familia, a su integridad personal, pues pueden verse afectados, y eso los detiene al momento de denunciar».
Por otra parte, la ley de lobby es muy importante.
«No es la primera vez que en Colombia tratamos de regular la actividad de lobby, si no me equivoco sería como la décima tercera propuesta de ley que tenemos desde hace unos 10 o 15 años, y esa ley nunca ha pasado en el Congreso, entre otras cosas porque implica regular actuaciones de los mismos lobbistas que están en una comunicación o relación directa con el Congreso», afirma.
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