Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Con el fin de alentar la modalidad, facilitar la inclusión financiera y mejorar el control del lavado de activos y fiscalización de las transacciones, el Gobierno, junto al Banco Interamericano de Desarrollo – BID– y el World Economic Forum –WEF– trabaja en la regulación de los pagos electrónicos.
En la actualidad, el 69% del monto de los pagos en Colombia se realiza de forma electrónica y, para alentar esta tendencia, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 fijó la meta de reducir el pago en efectivo al 8,5%.
La Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera señala que las billeteras y soluciones de pago móviles han experimentado un mayor crecimiento en el país. En consecuencia, se pretende crear un ecosistema digital para adaptar el sistema de pagos electrónicos a pequeños comercios y la digitalización de los pagos y recaudos desde el sector público, basado en un esquema compuesto de dos partes:
Según datos de la Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera, se estima que 69% y 9,7% (respectivamente) del monto y cantidad de las transacciones en la economía nacional se realizan a través de medios digitales.
En octubre de 2016, Colombia alcanzó el primer puesto en la clasificación general de los países en desarrollo que más esfuerzos han adelantado para ofrecer servicios financieros a los sectores de bajos ingresos, según el informe Microscopio Global 2016, producido por The Economist Intelligence Unit –EIU–.
El país logró este reconocimiento gracias a las trascendentales políticas impulsadas bajo el mandato del presidente Santos. Entre ellas se destaca la creación, en diciembre de 2015, de la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera, la cual fue el evento anual más importante del país. Este organismo asegura una mayor coordinación entre las entidades gubernamentales que, pese al activo desempeño de la Banca de las Oportunidades, habían emprendido esfuerzos paralelos en años anteriores.
Al respecto, el informe Microscopio Global 2016 precisa “La nueva dependencia también fortalece la coordinación entre el gobierno y los nuevos actores del sector privado que antes habían quedado excluidos. Esto asegura una mejor articulación entre la oferta y la demanda de productos financieros, lo que debería incrementar la inclusión financiera”.
Este análisis también indica que el Gobierno alcanzó notables hitos hacia la consecución de sus metas de inclusión financiera en el año 2015. Entre ellos destaca la disponibilidad de al menos un servicio financiero en todos los municipios colombianos. Así mismo, señala que “El indicador de inclusión financiera del gobierno (la proporción de la población con acceso a por lo menos un producto financiero) ascendió a 76,3% al final de 2015, y la meta es de 84% para fin de 2018”.
Para Ana María Olaya, directora del programa de Economía y Finanzas de la Universidad de La Sabana, «es evidente que tanto el Gobierno como la Asobancaria han venido trabajando intensamente para fomentar la inclusión financiera en el país. Se ha construido, poco a poco, un esquema institucional en el que participan la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, Dirección de Inclusión Financiera de Asobancaria, Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera y Comisión Intersectorial de Educación Financiera, entre otros».
De igual manera, entre las metas que el Gobierno estableció dentro del Plan de Desarrollo se encuentran algunas tan significativas como llegar al 84% de la población adulta con uso de un producto financiero, la creación de cinco Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos, e implementar cuentas maestras para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones en las entidades territoriales.
Así mismo, se han generado productos simplificados como las cuentas de ahorros electrónicas, cuentas de ahorro de trámite y depósitos electrónicos, además de establecer instrumentos y medidas como la flexibilización de las tasas de interés para aumentar el microcrédito, los Créditos de Consumo de Bajo Monto y el programa Banco Mundo Mujer, entre otros.
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