Renovemos la Revisoría Fiscal – Carlos Humberto Sastoque

La revisoría fiscal es una forma sui generis de ejercicio profesional de la Contaduría Pública en Colombia, existente desde 1931. A través de estos 83 años se le han ido asignando más y más responsabilidades; pero sin dotarla de herramientas, respaldo efectivo del Estado y remuneración adecuada. Es necesario que la analicemos con visión real y futurista y que prácticamente creemos una nueva revisoría fiscal, que cumpla eficientemente con  las expectativas y las nuevas necesidades.

Cuando por primera vez se habló del revisor fiscal, en la ley 58 de 1931, las funciones que se le asignaban eran pocas y no muy bien definidas; si bien ya se quería tener alguien que vigilara al máximo el funcionamiento de las, entonces, pocas y grandes sociedades anónimas.

Poco a poco se fue mejorando la concepción que se tenía de este revisor fiscal hasta que en 1971, mediante el decreto especial  410 (Código de Comercio) en sus artículos 203 a 217,  se llegó a un completo marco legal de lo que tiene que ver con el ejercicio de la revisoría fiscal; estableciendo que es una actividad permitida solamente a los contadores públicos.

Como lo dice el colega Samuel Alberto Mantilla en uno de sus escritos publicado en Abril de 2012, a partir de la ley 43 de 1990 los organismos de vigilancia y control del Estado se han dedicado a agregarle funciones. Aunque, en mi opinión y por lo que conocí y viví antes de 1990, ya desde años previos las superintendencias en esa época denominadas de sociedades anónimas y bancaria le habían venido imponiendo algunas nuevas responsabilidades a la revisoría fiscal.  Y lo mismo había venido haciendo desde 1983 la llamada, en ese entonces, Dirección de Impuestos Nacionales.

Actualmente nos encontramos con normas –en mi criterio ilegales, la mayoría- que para los revisores fiscales han establecido las superintendencias de Sociedades, Financiera, de Salud, de Economía Solidaria y del Transporte –principalmente, amén de las que aparecen en el Estatuto Tributario Nacional, en el llamado Estatuto Anticorrupción y en otros textos legales; normas que han incrementado de manera notable las responsabilidades de quienes ejercen la revisoría fiscal, pero nunca se han preocupado por dotarlos de adecuadas herramientas para su desempeño profesional ni de una remuneración digna y acorde con las altas calidades que se requieren de estos revisores fiscales.

Hasta en la forma y contenido del dictamen del revisor sobre los estados financieros han puesto exigencias las superintendencias, contradiciendo -claramente a veces- lo que ha establecido el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su orientación profesional sobre el tema.

La mayoría de contadores públicos –demostrando un masoquismo inexplicable- permanecen impasibles cada vez que les asignan más responsabilidades, ante todo en el ejercicio de la revisoría fiscal. Pero no piensan en la dificultades adicionales que significan ni en cómo podrían cumplirlas o en cuánto debería incrementarse su remuneración para estar a la par con las nuevas responsabilidades. Y de manera muy alegre, no todos, pero sí en  un alto y no deseable porcentaje, firman -además de los estados financieros y las declaraciones tributarias- cuanta certificación e informe les exijan que firmen; haciéndole un mal no solamente a los colegas que sí ejercen con ética la profesión sino también al desarrollo y el bienestar económico-social del país.

Seguramente que por lo que acabo de escribir me lloverán truenos y centellas, provenientes ante todo de algunos falsos seudo-líderes (que lo único que han hecho es acabar con el gremio contable) y de ese alto porcentaje de colegas que no respetan la profesión. Pero les pido que se pongan la mano en el corazón, que respiren con calma y profundidad, y que piensen sinceramente si es o no es cierto lo que he acotado. Y en vez de rasgarse las vestiduras –como aquellos a los que se refiere el nazareno en los evangelios- participen activamente en darle salidas decorosas al ejercicio profesional.

Hace algunos años yo era de los que defendía a ultranza la vieja revisoría fiscal y atacaba a quienes pretendían cambiarla. Pero las vivencias, el paso del tiempo y el análisis desapasionado me han llevado al convencimiento de que la revisoría fiscal así como está reglamentada actualmente no funciona. Que solamente un superhombre es capaz de cumplir cabalmente y al máximo todas las responsabilidades que nuestra normatividad legal le han asignado. De sobremesa, la DIAN y las superintendencias, en vez de darles respaldo institucional a los revisores fiscales, pretenden convertirlos en los chivos expiatorios por todas las fallas de los administradores de las empresas. Y, a su vez, los propietarios y los gerentes de los entes económicos se niegan a reconocer el alto valor de la revisoría fiscal y buscan revisores fiscales cada día más baratos y sin los recursos humanos y materiales suficientes, aunque no puedan cumplir con su función de vigilancia.

 Si queremos ser realistas y sinceros, y vivir de acuerdo con las necesidades presentes y futuras, es indispensable que reinventemos la revisoría fiscal. Que disminuyamos  la carga de responsabilidades que los revisores fiscales tienen actualmente en asuntos que no son propios de un contador público. Que sea un ejercicio profesional limitado a aquello para lo cual están debidamente preparados quienes se desempeñen como revisores fiscales. Y que se les dote –por mandato legal- de herramientas adecuadas y de remuneración digna.

No pretendamos tapar el sol con un dedo. No nos mantengamos en la oscuridad. No nos aferremos al romanticismo de lo que pudo ser bueno hace 83 años. Esto está bien para la música y la poesía, pero no para la revisoría fiscal. Aceptemos que si queremos sobrevivir y permitir que las nuevas generaciones sobrevivan profesionalmente, debemos ponernos a tono con el mundo moderno y  con los estándares internacionales en lo que pueda ser digno y conveniente para Colombia. Negarnos al cambio es suicidarnos.

Autor:

C. P. Carlos Sastoque M.
carsastoque@yahoo.com