Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, ha dicho que el proyecto de Ley con el que la cartera laboral pretende establecer una política de protección a trabajador cesante tiene tres características: asesoría permanente para lograr el renganche laboral, capacitación para el trabajo y protección económica para que quien pierde el empleo no quede desprotegido.
Pardo aseguró que esta iniciativa lo que busca es proteger los ahorros de las cesantías que los trabajadores formales han hecho a través de su aporte y que adicionalmente a los usos estipulados por la Ley, como son vivienda y estudio, se pueda destinar una parte para satisfacer las principales necesidades económicas que trae la pérdida del empleo.
«Buscamos que aquellas personas que pierden su empleo formal puedan utilizar sus cesantías para proteger un periodo de desempleo. Es decir, que haya un ‘colchón’ de ingresos adecuado con el que se puedan satisfacer las principales necesidades. Si no hay desempleo, estos recursos seguirán ahorrándose. Las cesantías son y seguirán siendo de los trabajadores», afirma Pardo en la página del Ministerio de Trabajo.
Además de proteger al trabajador cesante con un ingreso porcentual del sueldo recibido en el último año, el proyecto de ley contempla el acompañamiento permanente para lograr un rápido retorno al mercado laboral. «Buscamos que el Servicio Nacional de Empleo se convierta en el principal motor de búsqueda de oportunidades para quienes las necesitan y para quienes buscan trabajadores que se ajusten a sus necesidades. Queremos que nuestros trabajadores no queden desamparados ni sometidos a un sistema de palancas o de recomendaciones», dice el ministro.
El 50% de las cesantías del trabajador será redireccionado a una cuenta individual que funcionará con aportes mensuales hechos por el empleador, el otro 50% sigue funcionado como hasta la fecha se vienen manejando, es decir que serán consignadas anualmente.
Con esos recursos, cuando la persona pierda el empleo comenzará a recibir mensualmente un porcentaje proporcional al salario que ha recibido durante los últimos 12 meses. Este ingreso será decreciente durante este periodo, lo que quiere decir que cada mes la suma que recibirá será menor.
Los desempleados que no tienen para cubrir estos seis meses, recibirán una prestación de un fondo solidario que se creará restructurando lo que hoy manejan las cajas de compensación con algunos recursos adicionales que cubriría las cotizaciones a salud y pensión.
El 80% de las personas que buscan trabajo lo hacen de manera informal. Lo anterior quiere decir que les comentan a sus familiares y amigos, pero según el el viceministro de Empleo y Pensiones, Mauricio Olivera, no acuden a mecanismos formales como el Servicio Público de Empleo o diveersas alternativas que ofrece el sector privado.
Y lo mismo pasa con los empleadores que a la hora de buscar personal, prefieren esquemas informales y no por los recursos puestos a disposición.
El Servicio Público de Empleo, SPE, es una bolsa laboral inteligente que le permite a quien busque hallar una oportunidad ajustada a su experiencia y esfuerzo. La apuesta del Ministerio de Trabajo es que los colombianos encuentren trabajo formal y les permita mejorar su calidad de vida.
Entre enero y julio de este año se han inscrito 14.227 personas en el SPE, y entre 2006-2012 se inscribieron en total 133.547 personas. También, durante este año se han colocado por parte de los empresarios 2.311 vacantes en el aplicativo del SPE. Mientras que 4.795 profesionales se han inscrito entre enero y julio de 2012 en el SPE.
Cabe anotar que alrededor del 25% del total de inscritos tienen entre 24 y 33 años de edad, donde la mayoría son mujeres. Entre las principales profesiones resaltan el sector financiero, ingenierías, servicios, comercio, industria, y los sistemas de información.
Claudia Maria de la Universidad Cooperativa de Colombia no le encuentra sentido a este seguro. «Si realmente fuera una ayuda al desempleado no saldría del mismo bolsillo de los empleados. Al momento de reclamarlo se deben cumplir mil requisitos, se gasta más dinero en trámites y transporte, que lo que realmente se recibe en dinero. Las cesantias como tal son un subsidio al momento de perder el empleo, una vez le sea cancelado el contrato de trabajo ud. se acerca al fondo y las retira», dice.
Agrega que el Gobierno más que pensar en seguros de desempleo debería trabajar en generar empleo, motivando a empresarios a crear empresa y disminuyendo impuestos.
Blanca Cardona, por su parte, dice que le parece interesante y acertado la propuesta del seguro. Sin embargo, «lo que no comparto es que se pretende financiar con el patrimonio del empleado. Los recursos los debe proporcionar el Estado. Que sirva de algo la plata que todos los días sale de nuestro bolsillo con tanto impuesto», asegura.
Omar Ocampo está de acuerdo con el punto de vista de Blanca y agrega que deberían ser recursos de los impuestos. Además, hay muchos requisitos para poder acceder al seguro de desempleo, aspecto que debería cambiar.
El grupo de Familias En Acción Barrancabermeja también opinó. «Cualquier propuesta que beneficie al pueblo debe ser bien recibida, pero ojo, debe ser bien planteada para evitar contrapunteos. Siempre habrán contradictores porque cuando el Gobierno no apoya se dice que es malo, pero cuando apoya se le dice asistencialista, o procelitista, patrocinador de sinverguenzas. También siempre habrán personas tratando de sacar provecho de programas. Esto debe ser tratado con lupa».
Robinson Cruz Cardona dice que «es una buena propuesta siempre y cuando no se preste para descalabros financieros como pasó con Agro Ingreso Seguro y otros grandes escándalos. Se debe evitar tanta tramitología y el Estado debe ser más eficiente sin afectar el patrimonio de ninguno».
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