Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La mitad de los 40 países que firmaron la Convención de la OCDE contra el soborno el año pasado no investigan lo suficiente los casos de corrupción trasnacional de sus empresas. Así lo indica un informe publicado por la ONG Transparencia Internacional.
La Convención de la OCDE contra el soborno es un acuerdo firmado por los 40 principales exportadores del mundo para frenar las prácticas de soborno a gobiernos extranjeros con objeto de acceder a contratos y licencias, así como eludir impuestos o leyes locales.
Como lo publica Portafolio, y según explican desde Transparencia Internacional (TI), estos 40 países representan más de dos tercios del volumen total de exportaciones mundiales.
Entre los veinte países que han realizado poco o ningún esfuerzo en el último año para aplicar la convención se sitúan España, México, Brasil o Chile, mientras que Argentina se encuentra un escalón más arriba, en el grupo de países que llevan a cabo esfuerzos limitados para frenar los casos de corrupción internacional.
El informe revela que tan sólo ocho de los 40 países firmantes han puesto en marcha medidas constantes para hacer valer el convenio anticorrupción. Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Suiza son los países que actúan de un modo más activo en la detección y obstaculización de estas prácticas fraudulentas, seguidos por Italia, Australia, Austria y Finlandia, que realizan, según la ONG, un esfuerzo moderado.
En la zona baja, correspondiente a los países que toman escasas o ninguna medida contra el soborno internacional, aparecen varios países presentes en el G20 como Brasil, Japón, Corea del Sur u Holanda.
La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, expresó en un comunicado la importancia de que «estas economías cumplan los compromisos asumidos al integrar el G20 y aseguren que sus empresas, que cada vez tienen mayor influencia en el extranjero, lleven a cabo sus actividades sin participar en irregularidades».
Los resultados arrojan un saldo negativo con respecto al balance del último estudio de la organización no gubernamental, ya que el grupo de los países más activos se ha reducido de siete en el informe de 2012 a cuatro en el de 2013, mientras que el número de los que actúan con un empeño moderado ha pasado de doce a sólo cuatro.
Por su parte, el grupo de los países que realiza esfuerzos ‘limitados’ para poner en práctica el convenio antisoborno está compuesto por diez estados y el grupo de cola lo forman veinte.
El informe señala que aunque en el sistema jurídico nacional se establecen penas carcelarias considerables (9 a 15 años no excarcelables), las sanciones financieras son bajas frente al gran poder económico de empresas transnacionales y sus funcionarios. De acuerdo con el informe, la sanción para una persona natural puede estar entre $58’950.000 y $117’900.000.
Además, no se encontraron mecanismos en la legislación colombiana para que una compañía, como persona jurídica, pueda ser sancionada por soborno transnacional.
El informe critica la falta de información pública sobre corrupción en la Fiscalía General de la Nación, diciendo que la entidad “no cuenta con un sistema abierto de información con estadísticas claras sobre investigaciones en las diferentes modalidades de corrupción”.
Sobre el manejo de fondos, señala la inexistencia de fondos para investigación de casos de soborno extranjero tanto en la Fiscalía como en la Policía Nacional, “lo cual limita la persecución del delito”. De acuerdo con Transparencia Internacional, estos recursos solo se asignan cuando se ordena iniciar un proceso penal en contra de alguna compañía o un particular.
Ante la situación presentada en el informe, la organización Transparencia por Colombia, capítulo colombiano de Transparencia Internacional, recomendó fortalecer las normas y priorizar las actividades contra el soborno extranjero en las transacciones comerciales internacionales.
Esto es más importante aún, si se toma en cuenta que el gobierno del presidente Santos tiene como política principal, el fomento a la inversión extranjera en Colombia y del capital de este país en el exterior, además de los Tratados de Libre Comercio que ha negociado con varios países.
En cuanto a las autoridades judiciales, Transparencia por Colombia recomienda a Fiscalía “comenzar por recopilar, sistematizar y publicar la información”, porque “sin información será difícil diseñar e implementar medidas para combatir este delito”.
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