Supersociedades planea realizar reforma legislativa al régimen de sociedades y de insolvencia
Así lo anunció el superintendente, Juan Pablo Liévano, quien aseguró que al sector empresarial se le estarían brindando mayores herramientas para afrontar los retos que se están presentando. La idea es mejorar el marco normativo con el que se genere seguridad jurídica, emprendimiento y legalidad.
Así lo anunció el superintendente, Juan Pablo Liévano, quien aseguró que al sector empresarial se le estarían brindando mayores herramientas para afrontar los retos que se están presentando. La idea es mejorar el marco normativo con el que se genere seguridad jurídica, emprendimiento y legalidad.
El 11 de abril de 2019 el superintendente de sociedades, Juan Pablo Liévano, anunció la metodología y el plan de trabajo con el cual se busca construir y proponer una reforma legislativa al régimen general de sociedades y al régimen de insolvencia. Al respecto, el superintendente dijo que la propuesta, en caso de ser aprobada, le permitirá al sector empresarial afrontar con mejores herramientas los retos que se están presentando y que vendrán durante el siglo XXI.
El documento presentado será el resultado de un trabajo detallado por parte de expertos, quienes se reunirán en cinco mesas de trabajo que abordarán los siguientes temas:
- Administradores, régimen de responsabilidad y temas afines.
- Accionistas minoritarios, buen gobierno corporativo, beneficiario real y temas afines.
- De la supervisión externa (inspección, vigilancia y control) e interna (revisor fiscal, normas de aseguramiento) y temas afines.
- Disolución y liquidación voluntaria, sociedades fachadas, cumplimiento normativo, contabilidad (normas de información financiera) y temas afines.
- Insolvencia: reorganización, liquidación judicial y temas afines.
Para el superintendente Liévano, “este esfuerzo marcará la diferencia para lograr una propuesta de un nuevo y mejor marco normativo que genere seguridad jurídica, emprendimiento y legalidad, en procura de la equidad, con instrumentos más idóneos y ajustados a las dinámicas empresariales”.
Corte Constitucional limitaría accionar de Supersociedades
Por otra parte, la entidad se pronunció frente a las declaraciones de la presidente de la Corte Constitucional, Gloria Estela Ortíz, relacionadas con la práctica de pruebas en ejercicio de las competencias conferidas en la Ley 1778 de 2016, en la que se prohíbe la interceptación o allanamiento sin una orden judicial.
Y es que una sentencia de la Corte Constitucional le puso límites a las Supersociedades en investigaciones por presuntos actos de corrupción, al resolver una demanda contra las leyes 1480 de 2011 y 1778 de 2016, que les permitía hacer allanamientos.
La Supersociedades señaló que no ha realizado interceptaciones telefónicas para realizar sus investigaciones, porque no es un método idóneo para realizar dicho procedimiento. La entidad aseguró que en las visitas administrativas realizadas, de investigación sobre la posible comisión de conductas de soborno transnacional, no se han llevado computadores ni dispositivos móviles.
La Supersociedades también advierte que las facultades conferidas por la anterior ley son indispensables para que las investigaciones administrativas sean eficaces sobre la posible comisión de conductas de soborno transnacional. “Cualquier posible limitación al recaudo de pruebas podría restringir la efectividad de la lucha contra el soborno transnacional y el cumplimiento de los compromisos establecidos en la implementación de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, indicó la entidad a través de un comunicado.
Por otra parte, y frente al mismo tema, la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– se pronunció señalando que la decisión no limitaría sus facultades en las investigaciones que realiza, ya que sus funcionarios llevan a cabo visitas administrativas y no allanamientos.
La entidad está a la espera de la expedición del fallo judicial, y aseguró que acatará el fallo proferido por la Corte Constitucional.