Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El presidente Santos denunció el pasado lunes una red de corrupción al interior de la DIAN, la cual está permitiendo que entre mercancía ilegal al país.
«El mayor peligro, el mayor daño a la industria del calzado es el contrabando, por lo menos seis personas me lo dijeron, y me lodecían en voz baja, por cada container de calzado legal que entra al país por lo menos cinco o 10 están ingresando de manera ilegal. eso tenemos que pararlo», dijo en mandatario a los medios de comunicaciónen una visita que hizo al barrio Restrepo en Bogotá.
“No están entrando por las fronteras de Brasil, a través del Amazonas; no, están entrando por El Dorado, por Buenaventura o Cartagena, ahí lo que tenemos que hacer es una operación como la estamos haciendo, ustedes verán muy pronto mucha gente de la DIAN en la cárcel porque hay complicidad con gente de afuera que está permitiendo que eso suceda”, agregó.
De la mano de estas declaraciones prometió combatir el contrabando. Es así como la comisión primera del Senado, llevará a cabo el debate del proyecto de ley “por medio del cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.
A esta sesión están citados el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, el ministro de Agricultura Darío Lizaralde, el ministro de Industria, Santiago Rojas, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega y el director de la Policía Fiscal y Aduanera, General Gustavo Moreno. A este debate también se citó al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.
Uno de los objetivos de este proyecto de ley, como lo publica El Colombiano “es generar nuevas herramientas para fortalecer la capacidad institucional del Estado para castigar el contrabando abierto y el contrabando técnico, que se realice en el marco de operaciones de comercio exterior”.
También se discutirán las objeciones del Presidente de la República a las iniciativas aprobadas por el Congreso, entre ellos un proyecto de ley que pretende regular las prácticas comerciales de telefonía celular en el país.
Se trata de una iniciativa ya aprobada “por la cual se definen reglas para la protección de los usuarios en la comercialización de dispositivos móviles inteligentes, se prohíben las cláusulas de permanencia mínima y las ventas atadas de terminales y servicios de comunicaciones”.
Luego, la comisión Séptima del Senado llevará a cabo el debate del control político sobre el caso Saludcoop EPS y Saludcoop IPS al cual están citados el ministro de salud, Alejandro Gaviria, el superintendente Nacional de salud, Gustavo Enrique Morales y el gerente interventor de Saludcoop EPS, Guillermo Grosso Sandoval.
A continuación presentamos unos puntos publicados por la revista Semana donde se indican las rutas más frecuentes usadas por empresas investigadas por la DIAN. En varios casos se configuran varios delitos, entre ellos falsedad en documento público, concierto para delinquir, falsedad material y fraude procesal para lo cual se ha dado traslado a la Fiscalía.
También hay infracciones administrativas, en cuyos casos las sanciones van desde el cierre de los establecimientos hasta pecuniarias, equivalentes al 160 por ciento del impuesto que se dejó de pagar (publicamos 3 de las 10).
+ Existen empresas que venden facturas. Se constituyen SAS que expiden facturas para que los contribuyentes certifiquen compras de insumos para sus establecimientos. No hay servicio, ni producto real detrás de la factura.
+ Se ha detectado una red de traficantes del RUT. Los implicados buscan personas naturales para inscribirlos en el RUT y les pagan entre $20.000 y $30.000 pesos. Después, el documento se vende a empresas para que simulen pagos por prestación de servicios a personas que están debidamente respaldadas por el RUT.
+ Se descubrieron empresas inactivas, legalmente constituidas, que se reactivan para prestar servicios millonarios que no existen. Dichas firmas no cuentan con el capital, ni la infraestructura suficiente para desarrollar operaciones de gran magnitud. Cuando el personal de la entidad llega a las empresas se encuentran que con un capital de 1 millón de pesos, llegan a facturar hasta 100 millones de pesos mensuales.
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