Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El marco jurídico de la Constitución Política de 1991, ha protegido los derechos de la población en estado de discapacidad mediante la determinación de obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos, en aras de brindarles una mayor protección y evitar posibles vulneraciones de sus derechos como individuos.
De esta manera, mediante la Ley 361 de 1997 se establecieron los mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad; uno de estos elementos es la prohibición de limitaciones u obstáculos laborales y el reconocimiento de una estabilidad reforzada de las que habla el artículo 26 de la citada ley, cuando indica que en ningún caso se podrá obstaculizar la vinculación laboral de una persona en situación de discapacidad o, despedirla sin que medie autorización del inspector de trabajo; de lo contrario, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 180 días de salario, además del pago de prestaciones y otras indemnizaciones a que hubiere lugar.
Sin importar si se trata de una persona en situación de discapacidad o no, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 143, indica que todas las personas que desarrollan actividades similares en condiciones ídem tiene derecho a recibir una remuneración igual por las actividades laborales realizadas.
Sí. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, prohíbe el despido o terminación de contrato de los trabajadores en discapacidad por motivo de su condición.
Por tanto, para que el despido sea efectivo, debe mediar autorización del Ministerio de trabajo; de lo contrario, el trabajador tendrá derecho a indemnización.
Sí. El artículo 31 de la Ley 361 de 1997, señala que el empleador que contrate trabajadores con limitación no inferior al 25%, tendrá derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
