Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Existe un proyecto de ley que busca crear condiciones para la transparencia y publicidad de la información de los impuestos recaudados por la Dian.
La idea es que la ciudadanía tenga acceso a los datos, de forma anonimizada, para así saber qué se hace con el dinero recaudado.
¿Qué tan eficientes son los impuestos en el contexto de las cuentas públicas? ¿Contribuyen a promover la equidad? ¿Lo que se paga constituye la mejor distribución posible de la carga fiscal? Estas son algunas preguntas planteadas por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en su análisis Datos de la Dian: impuestos para todos, información para pocos.
Responder las preguntas anteriores equivale a contar con información compleja: microdatos, muestras anonimizadas y registros complementarios, entre otros.
Afirma el Observatorio:
Ese tipo de información, aunque tiene un carácter técnico bastante complejo, resulta útil para medir el impacto de iniciativas y medidas que tocan a prácticamente todas las personas. Los datos son complejos. Y, en nuestro país, acceder a ellos también lo es.
Desde la entidad se afirma que la Dian no entrega los datos fácilmente a analistas y académicos; aunque se soliciten a través de un derecho de petición, no es seguro el acceso a la información. «De hecho, son más las respuestas negativas que las positivas», agrega.
Y como no hay evaluaciones basadas en evidencia, hechos y números, se hace más difícil planear a largo plazo la política fiscal.
Para encontrar respuestas a la anterior situación, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y David Racero presentaron un proyecto de ley que busca establecer “las condiciones para la transparencia y publicidad de la información de las declaraciones de impuestos” recaudados por la Dian.
El proyecto busca adicionar un parágrafo al artículo 583 del Estatuto Tributario –ET– (sobre reserva de las declaraciones tributarias). La Dian “deberá garantizar la publicación anonimizada de las declaraciones de los diferentes impuestos administrados por la entidad, de manera periódica y en formato accesible para su consulta y procesamiento por parte del público”.
En este sentido, la información deberá reposar en “un portal accesible al público”, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia.
Por otra parte, la anonimización de datos deberá hacerse desde 2010 y corresponderá a todos los impuestos recaudados por la Dian.
Según la Guía para la anonimización de bases de datos en el sistema estadístico nacional, elaborada por el Dane, esta se define como el proceso mediante el cual se condiciona un conjunto de datos de modo que no se pueda identificar a una persona y puedan utilizarse para realizarles un análisis técnico y científico válido.
Explica el Observatorio que la idea es que los datos sean suficientemente ilustrativos para efectos de medir su impacto, y también lo suficientemente anónimos para que no sea posible identificar a las personas que pagan los impuestos que se están describiendo o analizando.
«Una vez los datos son anonimizados, estos se pueden usar, reutilizar y divulgar sin violar el derecho a la protección de datos de los titulares de la información», dice la guía, lo que para el Observatorio es valioso, ya que el principal argumento que se presenta al momento de limitar el acceso a la información relacionada con los impuestos es que se vulnera el derecho a la intimidad y a la reserva tributaria.
El proyecto fue radicado en julio y por el momento no se ha debatido. Al respecto, analiza el Observatorio:
No deja de ser llamativo que una iniciativa que apunta medir la efectividad de las medidas tributarias no se haya abordado todavía, en un contexto legislativo marcado por la discusión de proyectos de naturaleza económica, como el Presupuesto General de la Nación para 2022 y la nueva reforma tributaria.
Contar con un mecanismo institucional que facilite la medición del éxito de las medidas adoptadas va en interés de todas las partes, en especial de la ciudadanía, que tiene el derecho de saber cómo se gasta la plata de todos.
Finalmente, expresa el Observatorio:
Experiencias recientes dan cuenta de que sí es posible compartir información con analistas. La comisión de expertos tributarios convocada por el Gobierno tuvo acceso a microdatos y toda la información necesaria para llevar a cabo su tarea. Ojalá, muy pronto, la información tributaria también sea para todos.
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