Extender el IVA a todos los productos de la canasta familiar, aunque impopular, era una medida más responsable que devolver el IVA a los más necesitados.
Esta devolución no ha sido sustentada en un análisis macroeconómico, sino en una coyuntura política.
Extender el IVA a todos los productos de la canasta familiar, aunque impopular, era una medida más responsable que devolver el IVA a los más necesitados.
Esta devolución no ha sido sustentada en un análisis macroeconómico, sino en una coyuntura política.
Daniel Bulla, gerente senior de impuestos de BDO Colombia, ve con buenos ojos que la reforma tributaria, o Ley de crecimiento económico, cuente con la opción del impuesto de normalización tributaria como una fórmula productiva para regularizar patrimonios y generar un recaudo eficiente y sin traumatismos.
Infortunadamente, por el contexto del país, esta propuesta se formula de manera antitécnica. En el trámite legislativo que no prosperó el año anterior había sido establecido un camino mucho más ortodoxo que consistía en extender el IVA a todos los productos que hoy son excluidos, para luego, sobre esa base ampliada de recaudo, equilibrar con una devolución a la población de menos ingresos.
Dicha opción, aunque impopular, era mucho más responsable que lo que hoy se debate, habida cuenta que tal devolución no está sustentada en un análisis macroeconómico, sino en una coyuntura política.
Frente al riesgo de que las devoluciones se vayan a manos equivocadas, evidentemente es latente, pero la experiencia nos ha dicho que la Dian, de un tiempo para acá viene siendo muy acuciosa en las devoluciones, siendo hoy un proceso marcado por lo complejo, por lo que se esperaría que, de aprobarse, esta medida sea reglamentada de una forma en la que se combinen esfuerzos en materia de cruces de terceros, facturación electrónica, certificaciones y procedimientos previos que garanticen la transparencia de los procesos.
Independientemente del incremento en las utilidades de los comerciantes, que puede conducir a un aumento en el impuesto de renta y un favorecimiento para las autoridades municipales en materia de industria y comercio al incrementarse con este estímulo los ingresos brutos de los vendedores, en el corto plazo no se ve un beneficio claro para las finanzas del Estado, más bien luce como un impulso al consumo que acelera la economía, tipo Black Friday.
Es importante que la medida analice transversalmente todos los actores y no solo se ocupe del consumidor final, por cuanto si no se considera, por ejemplo, al vendedor, aunque en sede de este se puede generar un incremento en los ingresos, es importante que esta medida tenga en cuenta el tratamiento del IVA pagado por este comerciante en la adquisición de los bienes en oferta libre de IVA, ya que sería un error que para estos comercializadores dicho IVA pagado pase a ser un costo, lo cual desestimularía a este actor a entrar en el día libre de impuestos, ya que perderá en lugar de ganar o en su lugar, entraría al día sin IVA incrementando los precios siendo inocua la medida.
En lugar de esto, para que el beneficio se maximice, aun vendiéndose sin IVA, sería fundamental que el IVA pagado por el vendedor para adquirir los inventarios que saldrá a vender sin impuesto se pueda recuperar directamente.
Evidentemente el año se ha pasado con unas medidas que propenden por fortalecer el tejido empresarial y al parecer en los números arrojan un crecimiento como país. No obstante, es contraintuitivo que el desempleo no se comporte en la misma dirección, es decir, que se incremente en lugar de disminuir, y que aunque la economía crezca, el desempleo per cápita esté aumentando.
No parece entonces extraño que por el camino de estos beneficios se circunscriba el tener derecho a ellos con sujeción a generar plazas de trabajo. Es claro que los beneficios a las empresas no deberían perpetuarse, por lo cual es loable crear la comisión que propone el proyecto de ley para analizar la conveniencia de cada una de estas prerrogativas.
Debería evaluarse más a fondo. A primera vista luce razonable y justo; sin embargo, no debe perderse de vista que este tipo de medidas va directamente en contravía de un flagelo muy grande del país como es la baja cobertura, la baja masa de aportantes al régimen contributivo y la calidad del sistema de seguridad social.
Una fórmula de esta es llamada a tomarse con mucha responsabilidad; lo peor es que se propongan en época de coyuntura.
Es difícil no notarla así. Sin embargo, debe analizarse a fondo y verse como una fórmula productiva para regularizar patrimonios y generar un recaudo eficiente y sin traumatismos, por cuanto resulta mucho más eficiente crear estas campañas de normalización que articular todo un aparato fiscalizador para buscar las omisiones.
El mensaje que debería leerse debería ser que estas son las últimas oportunidades de regularizar omisiones a un costo razonable, pues en la medida en que entren los intercambios de información con todas las jurisdicciones que están en el radar, el cerco será mucho más estrecho y el costo de la omisión se incrementaría exponencialmente.