Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La reforma tributaria, o Ley de crecimiento económico, propone devolver el 100 % del IVA pagado, destinado al 20 % de los hogares más pobres del país.
Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, dice que el país se encuentra preparado para que la medida sea una realidad.
Una de las propuestas planteadas en el nuevo proyecto de reforma tributaria, o Ley de crecimiento económico, que anunció el Gobierno nacional y que se comenzó a discutir esta semana, es la devolución del IVA para los más vulnerables.
Al respecto, se propone hacer una devolución del 100 % del IVA pagado, destinada al 20 % de los hogares más pobres del país, con el fin de proporcionarles un alivio tributario.
Sobre este tema, Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación ‒DNP‒, dijo en entrevista con Portafolio que el país se encuentra preparado para devolverle el IVA a los más pobres.
«El hecho de que sea difícil o un reto no quiere decir que no podemos intentar hacer algo por mejorar la calidad de vida en los colombianos. Hoy se hacen transferencias a cerca de cuatro millones de hogares colombianos, por lo cual, decir que Colombia no es capaz de hacer una transferencia es desconocer la realidad», asegura Rodríguez.
En cuanto al monto que se devolvería, el funcionario explica que el 10 % más pobre de Colombia gasta en promedio $60.000 en IVA y el decil dos, más o menos $90.000, es decir, se beneficiarían millones de hogares del país.
«¿Es imposible hacerlo? No. ¿Es difícil? Sí, pero para eso trabaja mucha gente en el DPS, Planeación, Ministerio de Hacienda, etc., pero efectivamente se puede», reflexiona Rodríguez.
En entrevista con Actualícese, Gustavo Cote, exdirector de la Dian, opina que la medida busca compensar en algo a los colombianos más pobres por el impacto de la regresividad que caracteriza a un tributo indirecto como lo es el IVA, y que conlleva su recaudo al margen de la capacidad contributiva de quien adquiere los bienes y servicios gravados con el impuesto.
«Según la ponencia, la medida operaría desde el 2021, con lo cual los 2,2 billones que estima el Gobierno como su costo fiscal no impactarán para nada el recaudo del año gravable 2020, hecho que sustrae sus efectos del debate para justificar otros cambios con aplicación para esta vigencia», explica Cote.
La devolución implicará la transferencia, cada dos meses, de una suma fija para los hogares de menores ingresos, definida por el IVA promedio que cubren dichas familias.
Según el viceministro de Hacienda, podrá ser entre $65.000 y $70.000, y se efectuará a través de programas como el Sisbén, Familias en Acción o Jóvenes en Acción.
Desde el punto de vista del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, con esta iniciativa «sin duda, habría un alivio en la carga tributaria de la población más vulnerable, lo que liberaría parte de sus ingresos para que puedan destinarlos a otros usos».
No obstante, indica el observatorio, de aprobarse esta reforma tal como está se devolverían cerca de 1,7 billones de pesos y no se recaudarían los 9 billones de pesos que podrían usarse en la financiación de programas sociales que beneficien a la población más necesitada.
«Para tener una idea de la magnitud de los recortes de impuestos a las empresas, se puede señalar que, por ejemplo, 9 billones de pesos son alrededor del doble del presupuesto de las universidades públicas del país», indica la entidad.
Cote indica que el Sisbén presenta inconsistencias, por lo que este año se trabajó en la recolección de la información para la construcción del Sisbén versión IV, iniciada en el Gobierno anterior y prevista para entrar en vigor en el segundo semestre del 2020.
Se espera que esta nueva versión garantice que no solo esta nueva transferencia, sino todas las que abarcan los programas de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, lleguen de manera efectiva a los más pobres y vulnerables.
«Adicionalmente, es conveniente que cuando empiece a operar los organismos de control ejerzan una veeduría puntual y permanente sobre la ejecución de estos recursos públicos e informen a la opinión pública los resultados del seguimiento», expresó Cote.
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