Iván Jaramillo afirma que este tipo de contratación deprecia la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Para él, es inadmisible considerar el trabajo como una mercancía, bajo la estrategia de alcanzar los índices de empleo esperados.
Iván Jaramillo afirma que este tipo de contratación deprecia la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Para él, es inadmisible considerar el trabajo como una mercancía, bajo la estrategia de alcanzar los índices de empleo esperados.
Iván Daniel Jaramillo Jassir, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, afirma en entrevista con Actualícese que la brecha ocupacional y salarial por género está relacionada con factores culturales que pasan por la asignación de roles en materia de actividades de cuidado, las cuales limitan el acceso y la promoción en el empleo de las mujeres.
La contratación por horas deriva de la inversión de parámetros de protección al trabajo para proteger la demanda de trabajo, a partir de modelos como los contratos cero horas implementados en Inglaterra.
La implementación de este modelo como estrategia de reducción del desempleo comporta el aumento de niveles de ocupación sin criterios de respeto de estándares de trabajo decente, lo cual deprecia la capacidad adquisitiva de los trabajadores, presionando su adscripción a sistemas asistenciales de protección social.
En realidad, los «costos» prestacionales están ligados a procesos de reconocimiento histórico de reivindicaciones y necesidades para recubrir al trabajo de las condiciones dignas y justas previstas en la Constitución.
La naturaleza jurídica de las prestaciones sociales y acreencias laborales explican la razonabilidad y proporcionalidad de los «costos» en cuestión, cuya relación está más vinculada a los estándares de trabajo decente que a los de empleabilidad.
El empleo está ligado al crecimiento económico y la demanda de trabajo, siendo inadmisible considerar al trabajo como una mercancía, bajo la estrategia de alcanzar los índices de empleo esperados.
El desempleo juvenil corresponde a una problemática mundial del sistema de relaciones laborales, que en Colombia supera ostensiblemente la tasa nacional de desempleo (16 % para el trimestre octubre – diciembre de 2019). Los principales factores de disfuncionalidad están asociados a la ausencia de pertinencia y calidad de la relación sistema educativo – mundo laboral, y la demanda de políticas activas de validación de experiencia para el acceso al denominado primer empleo.
La brecha ocupacional y salarial por género está relacionada con factores culturales de asignación de roles en materia de actividades de cuidado, las cuales limitan el acceso y la promoción en el empleo de las mujeres.
Es necesario rediseñar la regulación laboral, aumentando los períodos de licencia de paternidad de obligatorio disfrute y la inclusión de políticas públicas de quiebre del denominado «techo de cristal». Este impide la progresión en la carrera profesional sin perjuicio del reconocimiento de las actividades de cuidado, como trabajo merecedor de protección en el diseño de políticas públicas de realización del mandato constitucional de la equidad.
Se trata de una medida bien enfocada, dirigida a la vinculación de jóvenes sin experiencia en el sector público, que debe coordinase con el rediseño de los esquemas de vinculación, prevalentemente a través de concursos públicos de acceso a la carrera administrativa y a través de la inclusión de estrategias de extensión de la medida al sector privado.
La reducción del desempleo está ligada al esquema de políticas activas que traduzcan el teórico crecimiento (con posterioridad al período de desaceleración económica) en las cifras de empleabilidad y ocupación (para el año 2019 alcanzó el 10,5 de desempleo), sin perjuicio de la ausencia de rutas preferenciales de empleabilidad para grupos poblacionales con barreras específicas en el acceso al empleo.