Cepal indica que los países deben diseñar marcos fiscales robustos con herramientas que impulsen una política tributaria progresiva y un gasto público eficiente.
Preocupa la evasión del IVA y del impuesto de renta en la región; sistemas tributarios generan menos del 50 % de los ingresos por el segundo.
Cepal indica que los países deben diseñar marcos fiscales robustos con herramientas que impulsen una política tributaria progresiva y un gasto público eficiente.
Preocupa la evasión del IVA y del impuesto de renta en la región; sistemas tributarios generan menos del 50 % de los ingresos por el segundo.
Las políticas fiscales deben jugar un papel preponderante en la mitigación del impacto social y económico derivado por el COVID-19, e impulsar la reactivación económica sostenible e inclusiva.
Así lo ha indicado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– en su informe anual Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2020, donde analiza la respuesta fiscal de los países de América Latina frente a la crisis provocada por el coronavirus.
«El entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto, sumado a la deuda pública de los países y a la caída en la remuneración tributaria a causa de la pandemia, son factores para que el manejo actual de la política fiscal sea complejo», indica el informe.
Para la Cepal, las medidas fiscales que han implementado los países de la región representan un primer paso en lo que podría ser un largo camino hacia la recuperación de la región. De acuerdo con el documento, en los próximos meses, y ante el eventual levantamiento gradual de las medidas de confinamiento, los países deberán impulsar importantes medidas de estímulo fiscal con el objetivo de contribuir a la reactivación de la actividad económica, la inversión y la creación de empleo de calidad, por lo que serán necesarios mayores esfuerzos fiscales y que la región cuente con acceso adecuado a medidas de financiamiento.
«En el corto y mediano plazo, los países de la región necesitarán soluciones adicionales, entre las que deberían contemplarse las facilidades para el servicio de la deuda y una revisión de los programas de préstamos concesionales existentes y de las políticas de graduación para los países de ingresos medios. Además, será necesario atender las persistentes desigualdades que han prevalecido en la región y acelerar la transición a Estados de bienestar social que promuevan una base sólida para el crecimiento sostenible», indica el informe.
Es indispensable, desde el punto de vista de la entidad, convocar un nuevo pacto fiscal que permita comenzar a diseñar marcos fiscales robustos con las herramientas necesarias para financiar el desarrollo sostenible a través de una política tributaria progresiva y un gasto público eficiente, eficaz e igualador, que privilegie las necesidades de la sociedad en su conjunto.
De la mano de las medidas tomadas por los países, Cepal analiza la problemática de la evasión fiscal en la región. La entidad estima que la región perdió 325.000 millones de dólares, lo que equivale al 6,1 % del PIB, en 2018, por incumplimiento tributario, en un momento en el que las finanzas de los países de la región necesitan más recursos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.
Cifras de 2018 señalan a los impuestos que pagan las empresas sobre sus beneficios, el impuesto sobre la renta corporativa o de sociedades y a los tributos que abonan las personas naturales por sus ingresos como las principales fuentes de evasión: el 3,8 % del PIB. El IVA es la segunda, con alrededor del 2,3 % del PIB.
«La evasión del impuesto sobre la renta corporativa en la región es especialmente aguda. Los sistemas tributarios en algunos países generan menos de 50 % de los ingresos por concepto de este impuesto que en teoría deberían generar, lo que resulta en brechas tributarias de entre 0,7 % del PIB y 5,3 % del PIB», indica la Cepal.
Todo esto ocurre en un momento en el que los erarios de la región necesitan más recursos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia
Frente a este desafío, los países de la región vienen desarrollando acciones e innovaciones para reducir los espacios de evasión.
La entidad analiza que la pandemia ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.
«Por lo tanto, la región debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los sistemas de protección social –incluyendo la adopción de un ingreso básico universal–, y que proporcionen sistemas de educación y salud de calidad, y sistemas de pensiones de calidad”, explica el informe.
En consecuencia, la política fiscal deberá contribuir al logro de estas metas a través de un sistema de tributación progresivo y eficiente, y de un gasto público efectivo y equitativo que priorice atender las necesidades de las sociedades de la región, finaliza el documento.