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Acuerdo de punto final: ¿en qué consiste este “salvavidas” para la salud de los colombianos?

Desde el punto de vista del Gobierno, el Acuerdo de punto final es una de las medidas más trascendentales adoptadas para aliviar los problemas del sector salud, hacerlo sostenible y fortalecerlo. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 lo incluye en sus artículos 237 y 238. Aquí lo describimos.

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2019
Acuerdo de punto final: ¿en qué consiste este “salvavidas” para la salud de los colombianos?
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Desde el punto de vista del Gobierno, el Acuerdo de punto final es una de las medidas más trascendentales adoptadas para aliviar los problemas del sector salud, hacerlo sostenible y fortalecerlo. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 lo incluye en sus artículos 237 y 238. Aquí lo describimos.

Luego de tres meses de ponerse en marcha el Acuerdo de punto final, el Ministerio de Salud informó que ya se han pagado $1,111 billones por concepto de deudas a hospitales, IPS y EPS en el régimen contributivo.

“Los dineros girados corresponden a 368.537 millones de pesos de la deuda de la liquidada EPS Caprecom (71,6 por ciento del total), $570.251 millones de pago previo ajustado (que EPS giraron previamente a IPS) y $172.344 millones de glosa transversal (giro directo a las IPS por recobro de servicios)”, indicó la viceministra de protección social, Diana Cárdenas.

A propósito de las deudas de Caprecom, ya saldadas, se destaca que Bogotá es la que más recursos ha recibido, con una cifra superior a $28 mil millones, seguida por los departamentos del Valle del Cauca, con $20.744 millones; Antioquia, con $19.897 millones; Atlántico, con $17.456 millones y Meta, con $11.055 millones.

¿En qué consiste el Acuerdo de punto final?

“Es un conjunto de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, cuyo objetivo es sanear diferencias y deudas históricas entre los agentes del sector”

Es un conjunto de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, cuyo objetivo es sanear diferencias y deudas históricas entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez, sin que esto represente una restricción del derecho a la salud de los colombianos.

Implica la ejecución de medidas para evitar que estas deudas se regeneren con el paso del tiempo.

Así, se espera impactar positivamente la atención en salud de los colombianos, ya que prestadores y aseguradores no tendrán excusa para negar servicios aduciendo deudas.

Así se determinan las deudas que se van a pagar

Se trabajará en la identificación y valoración de las deudas del Gobierno y los departamentos con las EPS y las IPS. También se promoverá el pago de las deudas acumuladas entre estos actores y sus proveedores y demás involucrados en la prestación de servicios.

Para tener una idea del panorama financiero del sector salud, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en su estudio de cartera hospitalaria con corte a diciembre 31 de 2018, reportó sobre una muestra de 207 instituciones que la deuda a los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud por parte de las EPS y las entidades territoriales llegó a los $10,1 billones. De este monto, el 59,1 % corresponde a deuda morosa.

¿Qué sucederá con las EPS que no se quieran acoger?

La idea es que todas las EPS firmen un contrato de transacción, en el cual dejen por escrito las reglas bajo las cuales el Gobierno nacional o las entidades territoriales realizarán la auditoría, reconocimiento y pago de las cuentas de lo No UPC (unidad de pago por capitación). En el pacto renuncian a interponer acciones por vía administrativa o judicial, logrando un verdadero punto final.

¿Se pagarán las deudas del régimen contributivo y del subsidiado?

Sí. En el régimen contributivo, la Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud –Adres– adelantará el proceso de auditoría y pago de una supuesta deuda de $5,2 billones asociada a servicios y tecnologías no financiados con la UPC del régimen contributivo.

En el régimen subsidiado el saneamiento implicará pagos por aproximadamente $1,5 billones, donde la nación cofinanciará el esfuerzo territorial buscando así lograr el saneamiento definitivo asociado a los servicios y tecnologías no financiados con la UPC del régimen subsidiado.

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