Mediante el Concepto 28625 de noviembre de 2019, la Dian interpreta lo estipulado en el artículo 579-2 concluyendo que, si por fallas en los Servicios informáticos electrónicos –SIE– el contribuyente queda impedido para presentar virtualmente su declaración, y adicionalmente tampoco se le permite ni siquiera la elaboración del formulario 490 para efectuar por lo menos el pago en forma oportuna, el contribuyente sí podrá quedar exonerado tanto de la sanción de extemporaneidad como de la liquidación de intereses de mora.
Finalmente, la contingencia en los servicios informáticos electrónicos no puede alterar la carga de los contribuyentes.

A través del Concepto 28570 de noviembre 18 de 2019, la Dian se refiere a la calidad de agente de retención cuando dentro de las transacciones intervienen pasarelas de pago o cuando el pago se realiza directamente a través de tarjetas de débito o crédito.

Al respecto, en esta doctrina se reitera el contenido del artículo 1.3.2.1.8 del DUT 1625 de 2016 con relación a que los pagos realizados con tarjetas de débito o crédito se encuentran sujetos a una retención del 1,5 %, la cual deberá ser practicada por las entidades emisoras de dichas tarjetas. Ahora bien, cuando la operación se realiza por internet e interviene una pasarela de pagos, la entidad emisora de la tarjeta realiza la retención a dicha pasarela sin desconocer la relación contractual que hay entre la pasarela de pagos y el vendedor. En consonancia con lo anterior, la entidad emisora de las tarjetas no queda eximida de expedir el certificado de retenciones correspondiente a nombre de la pasarela de pagos por ser la titular de la cuenta destino.

Cabe indicar que el beneficiario final de tal retención es el vendedor o destinatario del ingreso, pues la pasarela de pagos transferirá al comercio el valor de la venta una vez se haya disminuido la respectiva retención. La pasarela de pagos no debe emitir un nuevo certificado de retenciones, sino una certificación indicando los ingresos recibidos como mandataria y las retenciones que le fueron practicadas.

El CTCP reitera que la revisoría fiscal puede ser desempeñada por las sociedades de contadores públicos, siempre y cuando estas se encuentren inscritas ante la Junta Central de Contadores –JCC–. Al respecto, cabe resaltar que será necesario el nombramiento de un contador público para cada revisoría fiscal.

La Dian indica que a cada entidad le corresponde determinar a cuál de los grupos pertenece, y de esta forma establecer la fecha límite para iniciar a expedir factura electrónica de venta de acuerdo con el calendario estipulado en la Resolución 000064 de 2019.

En las copropiedades de uso residencial la revisoría fiscal no es de carácter obligatorio, pero la asamblea puede nombrar de forma voluntaria un revisor fiscal. Este no tendría inhabilidad o incompatibilidad, o algún tipo de restricción para participar en las reuniones de los órganos de administración.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– recomienda que las modificaciones a la NIC 19 y la CINIIF 23 sean aplicables a partir del 1 de enero de 2020, permitiéndose su entrada en vigor anticipada.
Sin embargo, para que ello sea posible, se requiere que las autoridades de regulación emitan el decreto correspondiente.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– reitera que la sanción interpuesta por la Junta Central de Contadores –JCC– no es una limitante para que el contador público expida certificaciones para una licitación pública. No obstante, la empresa licitante debe determinar si se materializa algún tipo de inhabilidad por parte de los candidatos cuando presenten licitaciones firmadas por un contador público que haya sido sancionado.

La Dian indica que, para el caso de las sociedades nacionales declarantes del impuesto sobre la renta, que obtengan rentas exentas provenientes de la prestación de servicios hoteleros, en la medida que cumplan los requisitos para considerar como rentas exentas los ingresos por estos conceptos no tendrán derecho a la exoneración de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena–, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud.

La Dian indica que cuando se efectúe una retención indebida el contribuyente debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 1.2.4.16. del DUR 1625 de 22016, para efectuar la solicitud de devolución ante el agente retenedor.

Los inventarios corresponden a un tipo de activo no monetario. Por lo tanto, los mismos que se adquieren en moneda extranjera deben contabilizarse en la moneda funcional de la entidad por su costo, el cual no debe ser actualizado por la diferencia en cambio o por la actualización del pago realizado al proveedor relacionado con la variación de la tasa de cambio.