La Supersociedades expidió la Resolución 100-005204 de agosto 18 de 2020 para definir el monto de la contribución obligatoria que por el año 2020 deberán efectuar las sociedades sometidas a su vigilancia o control, ya sea que estén en condiciones normales de operación o en procesos de insolvencia, reorganización y/o liquidación.

Para el año 2020, las sociedades en condiciones normales de operación deberán contribuir con $0,1267 (casi trece centavos) por cada $1.000 (mil pesos) de activos totales que tuvieran a diciembre de 2019.

En el caso de las sociedades vigiladas y/o controladas que se encuentren en procesos de reorganización, reestructuración, concordato o liquidación, la contribución será de un salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–, es decir, $877.803.

Ministerio de Hacienda expide el Decreto 1147 de 2020, mediante el cual reglamenta el artículo 800-1 del ET, reactivado por el artículo 79 de la Ley 2010 de 2019, en relación con el mecanismo de obras por impuestos.

Dicho decreto establece que mediante el mecanismo de obras por impuestos se podrán financiar los proyectos de inversión viabilizados y registrados por los contribuyentes y las entidades públicas de cualquier nivel, priorizando los municipios de que trata el Decreto Ley 893 de 2017.

Así mismo, mediante esta modalidad, también se podrán financiar proyectos de inversión viabilizados y registrados en el banco de proyectos de inversión de obras por impuestos de trascendencia económica y social estratégicos para el desarrollo de los municipios definidos como las zonas más afectadas por el conflicto armado–Zomac–, y proyectos a desarrollar en jurisdicciones, que, sin estar localizadas en las Zomac, resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de estas o algunas de ellas, de acuerdo con los criterios y procedimientos que se establezcan en el manual operativo de obras por impuestos.

A través de la Resolución 727 de 2020, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP– introdujo una serie de modificaciones al reglamento interno de recaudo de cartera, referentes a la competencia, facilidades de pago, solicitudes de facilidades de pago y su trámite y estudio de capacidad de pago de deudores, entre otras.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expide el Decreto 1111 de 2020, mediante el cual se reglamenta el artículo 211 de la Ley 1955 de 2020, definiendo las reglas de organización y funcionamiento de la mesa de equidad.

La mesa de equidad es la primera instancia de alto nivel, de carácter estratégico y decisorio que tiene como objetivo establecer directrices para la reducción de la pobreza y la reducción de otras inequidades que limitan la inclusión social y productiva de la población.

Así, esta estará encargada de coordinar los sectores y entidades del Gobierno nacional para el diseño e implementación de acciones y estrategias para reducir otras desigualdades de resultados e inequidades en oportunidades.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado expidió la Sentencia 22524 de 2020, a través de la cual, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, precisó la limitación en el proceso de depuración de la base imponible, frente a la prohibición de los beneficios fiscales concurrentes señalada en el artículo 23 de la Ley 383 de 1997.

En dicha sentencia se enfatizó que la utilización de beneficios múltiples, basados en el mismo hecho económico, ocasiona para el contribuyente la pérdida del mayor beneficio, sin perjuicio de las sanciones por inexactitud a las que haya lugar.

Sin embargo, se aclaró que la prohibición del artículo 23 tiene lugar cuando se aplican múltiples beneficios fiscales que tengan origen en el mismo hecho económico y la consecuencia jurídica; en tal caso, se dará el rechazo o pérdida del beneficio fiscal de mayor cuantía, sin perjuicio de la sanción por inexactitud.

Ministerio de Hacienda expide el Decreto 1103 de 2020, por medio del cual reglamenta el artículo 90-3 del Estatuto Tributario –ET–, modificado por el artículo 62 de la Ley 2010 de 2019, relacionado con las enajenaciones indirectas de acciones en sociedades, derechos o activos ubicados en el territorio nacional.

Dicho decreto precisa el tratamiento aplicable al reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones de los activos subyacentes que se posean a través de una sucursal de la sociedad extranjera, las cuales pueden ser objeto de enajenaciones indirectas.

Lo anterior, considerando que las sucursales de sociedades extranjeras pueden reconocer las depreciaciones y amortizaciones de los activos para efectos del impuesto de renta y complementario.
Adicionalmente, este sustenta que el impuesto sobre la renta y su complementario de ganancia ocasional generado en las enajenaciones indirectas deberán ser declarados y pagados por el enajenante indirecto, el cual, en caso de estar ubicado en el exterior, podrá realizar el pago del impuesto en la cuenta internacional del tesoro nacional que el Gobierno indique para tal efecto.

Dian expide el Concepto 1111 de 2020, mediante el cual aclara que, si el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente no se encuentra denominado expresamente como tal, no sería válido para probar costos y deducciones.

Lo anterior, considerando que el numeral 1 del artículo 22 de la Resolución 000042 de 2020 señala que entre los requisitos y condiciones que debe cumplir el nuevo documento soporte existe el de ser denominado como “documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar”.

A través de la Sentencia SL2991 de 2020, la Corte Suprema de Justicia realizó una serie de precisiones respecto al acceso a la pensión por invalidez de una persona que había cumplido la edad para pensionarse por vejez.

Para lo anterior, la Corte manifestó que la edad no era un requisito determinante al momento de solicitar la pensión por invalidez; por lo tanto, decidió que esta debía ser reconocida a la solicitante independientemente de su edad.

Corte Constitucional expide la Sentencia C-293 de 2020, mediante la cual declara la inexequibilidad de los artículos 1 al 8 del Decreto Legislativo 568 de 2020, por el cual se creó el impuesto solidario por el COVID 19. Además, se declararon exequibles los artículos 9 al 14 del decreto en mención.

La decisión de inexequibilidad promulgada por esta sentencia tuvo efectos retroactivos. En consecuencia, los dineros que los sujetos pasivos del impuesto cancelaron se entenderán como abono del impuesto de renta para el año gravable 2020, que deberá liquidarse y pagarse en 2021.

Corte Constitucional expide la Sentencia C-294 de 2020, mediante la cual realiza la revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 575 de 2020, a través del cual se dictaron medidas para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el sector transporte e infraestructura.

En dicha sentencia, la Corte concluyó lo siguiente:

a. Declaró exequibles los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 en los cuales se abordaban temas relacionados con el financiamiento de las empresas de carácter colectivo de pasajeros y/o mixto y las organizaciones de carácter cooperativo y solidario de la industria del transporte.
b. Declaró inexequibles los artículos 9 y 10 relacionados con las medidas económicas para el sector de infraestructura de transporte.