Fortalecer canales de búsqueda de empleo formal, tarea para impulsar el mercado laboral
Los trabajadores en Colombia consiguen empleo a través de canales que en su mayoría son informales.
En los últimos años se ha presentado un crecimiento tanto en número de aspirantes como en vacantes registradas en el Servicio Público de Empleo.
Los trabajadores en Colombia consiguen empleo a través de canales que en su mayoría son informales.
En los últimos años se ha presentado un crecimiento tanto en número de aspirantes como en vacantes registradas en el Servicio Público de Empleo.
El Consejo Privado de Competitividad –CPC–, en el capítulo Mercado laboral de su Informe nacional de competitividad 2020-2021, analiza la efectividad de las políticas activas y pasivas de mercado laboral para reducir el desempleo y aumentar la correspondencia entre la oferta y la demanda laboral.
«Los trabajadores en Colombia consiguen empleo a través de canales mayoritariamente informales. En 2019 cerca del 67 % de los ocupados reportó haber encontrado su empleo actual a través de amigos y familiares, y menos del 4 % a través de servicios de colocación laboral», indica la publicación.
Sin embargo, desde la promulgación de la Ley 1636 de 2013 se han hecho esfuerzos por articular la oferta de servicios de intermediación y colocación laboral en el país.
Esta ley creó el mecanismo de protección al cesante –MPC–, con el fin de facilitar la reinserción de la población cesante y mitigar los efectos del desempleo mediante la oferta de servicios de colocación, orientación y capacitación para la búsqueda de empleo, garantizando el acceso a la seguridad social por seis meses después de la pérdida del empleo, a través de las cajas de compensación familiar.
Datos del Servicio Público de Empleo –SPE– presentan que en los últimos años se ha observado un crecimiento tanto en el número de aspirantes como en el número de empresas y vacantes registradas en el sistema de información del SPE, así como un aumento en la efectividad del sistema.
Así, la tasa de colocación pasó de 8,9 % en 2016 a 22,5 % en 2019, mientras que el número de personas remitidas a orientación y a formación para el trabajo y talleres de competencias transversales pasó de 42,1 % y 18,6 % del total de inscritos a 75,6 % y 60,2 %, respectivamente.
En términos de oferta, aunque todos los empleadores tienen la obligación de reportar las vacantes al SPE en los diez días hábiles siguientes a su apertura, esto no se cumple con rigurosidad, y a diciembre de 2018 solo había 62.904 empleadores inscritos en el sistema de las 581.241 firmas empleadoras en Colombia.
Fortalecer el sistema del SPE
Debido a la importancia que tiene para el país implementar políticas activas y pasivas del mercado laboral, en intermediación y capacitación de la fuerza laboral, para agilizar la creación de empleos de calidad durante la recuperación de la crisis por el COVID-19, el CPC recomienda:
- Reglamentar el artículo 195 del PND 2018-2022 para dotar al SPE de un marco normativo que especifique estándares mínimos de calidad en la prestación de servicios de intermediación por parte de los prestadores autorizados.
- Acelerar el proceso de modernización tecnológica del SPE y del portal de la Bolsa Única de Empleo del SPE que se viene adelantando con recursos de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar la plataforma SISE 2.0, aprovechando las ventajas que ofrecen herramientas como el aprendizaje automático (machine learning) y la ciencia de datos (CPC, 2019).
- Articular la oferta de vacantes ofrecida a través del SPE para que las agencias intermediadoras tengan acceso a toda la información del sistema.
- Fortalecer la oferta de programas de capacitación en habilidades básicas y de entrenamiento vocacional, buscando articular a la empresa privada, con énfasis en la atención de jóvenes y población vulnerable.
- Adelantar campañas pedagógicas y de promoción masiva de las herramientas SPE, con énfasis en las regiones para atraer a oferentes y demandantes a nivel regional.
La necesidad de más recursos
Adicionalmente, indica el CPC en su documento que, para ampliar la cobertura e impacto de las políticas activas de mercado laboral en Colombia, se recomienda destinar recursos para su ejecución, que no solo beneficien a los empleados del sector formal, sino también a los del sector informal y a poblaciones vulnerables.
Lo anterior, debido a que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 77 de la Ley 1735 de 2015, que autorizaba al Ministerio del Trabajo, las cajas de compensación familiar y los operadores autorizados en el MPC a disponer de los recursos del Fosfec para financiar planes, proyectos y programas sociales de beneficio general, imposibilitó el acceso a las herramientas de la ruta de empleabilidad en el territorio nacional.