Héctor J. Correa destaca el papel de las comisiones que construyen una propuesta para modernizar la contaduría pública.
Colegiatura debe ser constituida por contadores, no como la JCC, donde la mayoría son abogados.
En la contaduría sobrevivirán quienes estén actualizados en su prestación de servicios.
Héctor J. Correa destaca el papel de las comisiones que construyen una propuesta para modernizar la contaduría pública.
Colegiatura debe ser constituida por contadores, no como la JCC, donde la mayoría son abogados.
En la contaduría sobrevivirán quienes estén actualizados en su prestación de servicios.
Héctor Jaime Correa, contador público, vicepresidente primero de la Asociación Interamericana de Contabilidad y presidente del Centro de Contadores Públicos de Manizales habló en #CharlasConActualícese sobre la proyección y modernización de la contaduría pública.
Sobre el tema, Correa comentó que las comisiones que están discutiendo los cambios que se deberán hacer alrededor de la Ley 43 de 1990 se basan en ítems como: ética, proyección, gobernanza, autorregulación, colegiatura, NICC 1, servicio público, interdisciplinariedad, fe pública, alto riesgo, entre otros.
«Los comités a nivel nacional vienen trabajando desde comienzos de este año; quincenalmente se están reuniendo para enfatizar en los temas anteriores. Este ha sido un trabajo serio por todas las partes interesadas e involucradas», dice.
A finales de marzo o comienzos de abril se deberán entregar las conclusiones al Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
«La idea es consolidar un solo proyecto relacionado con la Ley 43 de 1990 y que hemos denominado modernización de la contaduría pública», explica.
Dicho proyecto se entregará con el aval del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda, y la idea es que antes de que finalice el año 2021 se tenga el visto bueno del Gobierno nacional y se cuente con una nueva ley para los contadores públicos.
Para Correa, quien es vicepresidente para Colombia del Cilea, vicepresidente de Fedecop, expresidente de la Junta Central de Contadores, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de Confecop, sin lugar a duda hay muchos aspectos de la Ley 43 de 1990 que con el paso del tiempo se han venido quedando estancados.
«La contaduría pública está catalogada como una de las cinco profesiones de mayor riesgo en todo el mundo, aspecto que hay que tener en cuenta al ejercer nuestra profesión. Este alto riesgo está relacionado con dos aspectos: la fe pública y la responsabilidad social empresarial», explica.
Desde su punto de vista, es responsabilidad de todos los contables la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en todas las empresas, así como de las NIA y las NAI.
Otro aspecto importante es la interdisciplinariedad. «Tenemos que contar con un grupo interdisciplinario de profesionales (contadores, abogados, tecnólogos e ingenieros) que haga parte del proceso que estamos llevando a cabo”, señala Correa.
La contaduría es un servicio público, y como tal debe quedar establecido en la modernización de la profesión.
«Aquí entra en juego la correcta aplicación de la NICC 1. En este punto, la JCC viene evaluando si se está aplicando bien, así como el control de calidad», dice.
También se ha sugerido la implementación de manuales de Normas Internacionales de Control de Calidad como parte de la modernización de la profesión.
Sobre el Código de Ética, explica que actualmente se cuenta con dos: el nacional y el del IESBA.
«La idea es que estos se complementen, porque si hay una normativa de sanciones laxas en los temas nacionales, se podría considerar tomar la normatividad internacional y aplicarla”, manifiesta.
Sobre el punto de la colegiatura, Correa afirma que «ojalá todas las agremiaciones nos pudiéramos unir en una sola, para lograr una gobernanza en la profesión. La idea es que la JCC y el CTCP sean absorbidos por la colegiatura, y sea la misma profesión la encargada de regular y autorregularse, como ocurre en otros países», opina.
Explica que la colegiatura debería contar con tres áreas: i) un área de registro de los profesionales contables, lo que hoy lo hace la JCC; ii) un tribunal de regulación de una normativa que reemplazaría al CTCP; y iii) otra área que sería una especie de tribunal disciplinario de la JCC.
«Esta debe ser una entidad constituida por contadores públicos, no como pasa con la JCC, donde la mayoría de sus componentes son abogados», puntualiza.
Correa puntualiza que en la contaduría pública sobrevivirán quienes estén actualizados en la prestación de sus servicios; si no, se quedarán por fuera.
«Hay muchos que no quieren saber nada de los Estándares Internacionales, lo que es un error. De casi 250.000 contadores públicos que somos hoy, cerca de 150.000 podríamos estar a la vanguardia, mientras se quieran actualizar en los diversos temas», aconseja.
El mensaje que busca transmitir Correa es claro:
«Queremos impulsar todos estos cambios para que nuestra profesión sea digna y se modernice. A todas las comisiones que sigamos trabajando con compromiso y ganas, y a las personas que quieran participar: serán bienvenidas para el debate. Esto es un compromiso de la profesión contable y veremos los resultados en un mañana», concluye.