Protección para delatores de actos corruptos, clave para reducir la corrupción empresarial
Fortalecer los canales de denuncia y la protección a los delatores es clave en la lucha contra la corrupción.
La OCDE le recomienda a Colombia adoptar una legislación que proteja a los denunciantes.
Se deben fortalecer las medidas de seguridad.
Fortalecer los canales de denuncia y la protección a los delatores es clave en la lucha contra la corrupción.
La OCDE le recomienda a Colombia adoptar una legislación que proteja a los denunciantes.
Se deben fortalecer las medidas de seguridad.
En el capítulo de corrupción del Informe nacional de competitividad 2020-2021, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad –CPC–, la entidad afirma que la percepción de corrupción en el sector productivo disminuye la confianza en las políticas gubernamentales, aumenta la incertidumbre en los mercados y reduce los rendimientos de las inversiones privadas.
Según el primer estudio latinoamericano sobre prácticas empresariales contra el soborno, Colombia es el país con mayor porcentaje de empresarios encuestados que consideran que en su sector productivo se ofrecen sobornos. El porcentaje (86 %) es mayor que el de todos los países de la muestra, y se ubica 10 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina.
En el entorno empresarial también se pueden presentar prácticas de fraude corporativo que, aunque no afectan los recursos de los Gobiernos, contribuyen significativamente al colapso de corporaciones y a crisis financieras.
El 40 % de los encuestados en Colombia reportó haber experimentado fraude externo, y un 30 % afirmó haber enfrentado fraude interno en los últimos 12 meses. Los dos valores para el país superan el promedio mundial reportado.
El CPC indica que solo un 3 % de los casos de fraude en Colombia fueron hallados a través de la figura de denunciantes, lo que refleja el bajo uso de este mecanismo.
En Colombia los canales de denuncias son poco usados debido a que no existe una legislación que proteja al denunciante. Frente a esto, el 78 % de las personas en Colombia indican que sufrirán represalias si denuncian, y el 58 % considera poco probable que las denuncias tengan consecuencias. ¿Cuáles son las recomendaciones del CPC?
Expedir una normativa para proteger al delator de casos de corrupción
El documento del CPC indica que, según la OCDE, fortalecer los canales de denuncia y la protección a los delatores es clave en la lucha contra la corrupción, pues aumenta la probabilidad de detección de actos corruptos.
Para el caso de Colombia, la OCDE le recomienda al país adoptar una legislación que proteja a los denunciantes, por lo que es fundamental que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, presente una iniciativa legislativa que provea un marco legal para proteger a los denunciantes.
«El proyecto de ley debería incluir las garantías a las que estos tendrían derecho, así como las condiciones en las que se les brindaría seguridad, protección y defensa jurídica, entre otras. De igual forma, organizaciones de la sociedad civil como Transparencia por Colombia recomiendan la importancia de que la iniciativa deba promover las denuncias anónimas, ya que el anonimato y la confidencialidad son medidas de protección esencial según estándares internacionales», se explica.
Esta normativa también deberá contemplar la posibilidad de que los denunciantes puedan utilizar información privilegiada para demostrar la ocurrencia de los delitos.
Incluir a los denunciantes de actos corruptos entre las personas sujetas a protección
Otra medida para promover el mecanismo de la denuncia, en los casos de fraude y soborno empresariales, es fortalecer las medidas de seguridad de los denunciantes.
«La normatividad existente tampoco brinda instrucciones para garantizar protección efectiva a los denunciantes. Por ejemplo, el artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior establece 14 categorías de personas que, por su situación de riesgo, son sujetos de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. No obstante, los denunciantes de casos de corrupción no aparecen en este listado», explica el CPC.
Por lo anterior, se recomienda modificar este decreto e incluir a los denunciantes entre las categorías sujetas a protección. Esta modificación implica cambiar el estatus de los denunciantes para que sean considerados población vulnerable, lo que se justifica en el hecho de que estos son víctimas de la corrupción, pues con su denuncia aportan a la defensa del bien común a la vez que ponen en riesgo su bienestar.
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