Arrendatarios y arrendadores de locales comerciales buscan nuevas medidas frente a la crisis

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  • Publicado: 18 mayo, 2020

Arrendatarios y arrendadores de locales comerciales buscan nuevas medidas frente a la crisis

Encuesta de Acopi indica que seis de cada diez empresarios no han logrado acuerdos para el pago del arriendo.

Fedelonjas indica que el 49 % de los arriendos comerciales no se pagaron en abril.

El Gobierno está trabajando en nuevas medidas que flexibilicen el pago de arriendos en el sector comercial.

El cierre obligatorio de la mayoría de los locales comerciales en el país durante el mes de abril tuvo un efecto negativo para inmobiliarias y dueños de locales, ya que según una encuesta realizada por Fedelonjas en dicho mes no se pagó el 49 % de los arriendos comerciales.

Lo anterior es motivo suficiente para que gremios y Gobierno busquen nuevas medidas para proteger tanto a los comerciantes (cuyos ingresos han llegado a los $0) como a los propietarios de inmuebles que, según Fedelonjas, en más del 80 % de los casos son personas de nivel socioeconómico 1, 2 o 3, cuyos ingresos dependen en gran medida de los arrendamientos.

Y es que el impacto más fuerte ha recaído sobre la parte comercial, ya que al prohibirse el accionar de establecimientos como restaurantes, bares, gimnasios, entre otros, los arrendatarios tienen dificultades para el pago de la mensualidad.

Nuevo decreto de arriendos comerciales se expediría

“se está esperando que se expida un decreto donde se elimine o reduzca significativamente la multa por pagar cuando un arrendatario comercial quiera entregar el local

Como lo publica La República, se está esperando que se expida un decreto donde se elimine o reduzca significativamente la multa por pagar cuando un arrendatario comercial quiera entregar el local antes de que se cumpla el tiempo del contrato.

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El viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz, ha dicho que el Gobierno está trabajando en nuevas medidas que flexibilicen el pago de arriendos en el sector comercial. Por su parte, los empresarios también están solicitando la posibilidad de entregar el inmueble sin que haya sanción por finalizar el contrato de arrendamiento de manera anticipada.

Mayoría de contratos son de forma directa

Daniel Vásquez, presidente ejecutivo de Fedelonjas, ha dicho que, en el caso de los arrendamientos de inmuebles, hay una parte de esos contratos que se firmaron a través de inmobiliarias y esos son los que la entidad ha estado monitoreando. Sin embargo, la mayoría de los contratos de arrendamiento en el país se han celebrado de forma directa.

«No obstante, con las cifras que tenemos es indudable que el impacto más fuerte se ha dado en el sector comercio», indica Vásquez.

Sobre el Decreto Legislativo 579 del 15 de abril de 2020, Vásquez dice que lo ideal es lograr un equilibrio entre arrendador y arrendatario. Para él, las reglas del decreto son buenas herramientas dirigidas a que, con solidaridad y apoyo mutuo, los colombianos entendamos que ante esta situación el mejor camino implica sacrificios.

También indica que los colombianos que puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones en materia de arrendamiento lo continúen haciendo.

Medidas para locales comerciales no han sido suficientes

Sobre este decreto, Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –Acopi–, dice que los lineamientos se diseñaron para las viviendas y solo da algunas pautas para los locales, razón por la que considera que no ha sido efectivo ni suficiente en el segundo frente.

Una encuesta realizada por Acopi indica que seis de cada diez empresarios no han logrado acuerdos para pagar el arriendo, el 38 % de los empresarios agremiados a la entidad han logrado un acuerdo en el pago de los arriendos locales y otros han acordado descuentos por el 50 % en la mensualidad.

Adicionalmente, hay quienes han recibido la condonación de por lo menos un mes y unos pocos lograron aplazar el pago de la deuda, estableciendo pago por cuotas.

Propuestas para proteger arriendo de locales comerciales

La propuesta que realiza la entidad es que el arrendador esté obligado a concertar, lo que quiere decir que haya la posibilidad de una reducción de los cánones de arriendo como medida de alivio para los arrendatarios cuyas actividades se encuentran paralizadas.

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