«Con la reforma tributaria siempre se les termina rebajando las penas o los intereses a los evasores»


Para Jorge Enrique Espitia, afirmar que en esta reforma tributaria las empresas llevarán la mayor carga no es cierto.

La tarifa para las empresas aumentó al 35 %, pero no es tan significativa como parece, pues estas tienen enormes beneficios tributarios que no se tocan.

Jorge Enrique Espitia, economista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y articulista en periódicos digitales en temas de hacienda pública, critica en #ConferenciasActualícese la forma como fue concebida la nueva reforma tributaria, así como algunos de sus planteamientos.

Explica que cuando se analizan temas de hacienda pública y política fiscal no hay que olvidar que detrás de esto hay una economía del poder: «Son seres humanos y grupos de presión que tienen unas agendas determinadas y son quienes toman las decisiones».

Afirma que al interior del Gobierno nacional hay personas que representan a estos grupos y ejercen presión al momento de tomar decisiones fiscales:

Claro, la sociedad civil también ejerce presión, pero son otros quienes toman las decisiones.

Si el Gobierno dice que la reforma tributaria fue consensuada con la sociedad civil, uno sabe a qué sociedad se refiere, quienes fueron los principales voceros. Por ejemplo, se tuvo en cuenta la opinión de la Andi, que hace parte de la sociedad civil, pero yo no creo que las organizaciones sociales que se movilizaron en el país hayan sido partícipes.

Tiene claro que una cosa es que los grupos sean escuchados y otra que hayan participado en la organización de la reforma tributaria o en su consenso, porque un consenso implica que cada uno presenta sus puntos de vista y se buscan los mecanismos para que todos estén de acuerdo con todas las políticas trazadas.

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Sistema fiscal colombiano no es redistributivo

El economista analiza que en Colombia se observan diferencias en la composición de los impuestos:

Acá son más importantes los impuestos directos que los indirectos a diferencia de los países de la OCDE, lo que repercute en la distribución de los ingresos.

“Con todo lo anterior se puede asegurar que el sistema fiscal colombiano no es redistributivo”

Adicionalmente, se tiene una muy baja presión fiscal en el recaudo impositivo respecto al PIB. En el país es cercano al 20 % comparado con el 35 % de los países de la OCDE.

Con todo lo anterior se puede asegurar que el sistema fiscal colombiano no es redistributivo. «Está claro que el próximo Gobierno deberá debatir una nueva reforma tributaria», concluye.

La reforma tributaria es sinónimo de que encubrir bienes y no declarar ingresos paga

Sobre los planteamientos de la Ley 2155 de 2021 afirma que está claro que encubrir bienes y no declarar ingresos paga:

Una norma siempre les va a rebajar las penas o los intereses a los evasores. Incluso, otorga tarifas diferenciales para quienes defraudaron al Estado. Y esta reforma tributaria no es la excepción.

Es así como con el artículo 2 se crea el impuesto de normalización tributaria, con una tarifa del 17 % para los contribuyentes que dispongan de activos omitidos o pasivos inexistentes.

De igual forma, el artículo 51 otorga un beneficio de auditoría a quienes aumenten su impuesto neto de renta en al menos un 25 % respecto del año anterior. Esto significa que, si se aumenta el impuesto en ese porcentaje, la Dian se compromete a auditar la declaración durante un tiempo menor al usual.

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Empresas tienen enormes beneficios tributarios que no se tocan

Espitia también asegura que el planteamiento del Gobierno de que las empresas tributarán más no es cierto:

Se afirma que la tarifa para las empresas aumentó al 35 %, pero ese aumento no es tan significativo como parece, pues las empresas aún tienen enormes beneficios tributarios que no se tocan.

Explica que estos beneficios ascienden a una cifra cercana a los 58 billones al año, los cuales se reparten así: 40 a través de ingresos no constitutivos de renta; 13 por rentas exentas; y 5 billones por descuentos tributarios.

Finalmente, afirma:

Si se eliminaran estos beneficios y se gravara a las empresas con una tarifa del 35 %, se obtendría un recaudo de 24 billones de pesos. En cambio, con el aumento de la tarifa del 32 al 35 % el recaudo aumenta apenas en 4 billones.

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