Corrupción en Colombia: avances y retrocesos


18 noviembre, 2021

En el país no hay medidas concretas para enfrentar la corrupción desde el enfoque de la protección de derechos humanos o de inclusión de género.

Aunque existe normativa enfocada en la lucha contra la corrupción en Colombia, la brecha en su implementación práctica impide la prevención de este flagelo.

El Observatorio Ciudadano de Corrupción –OCC– en Colombia presentó los resultados del Informe Colombia: seguimiento al Compromiso de Lima, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018 con el propósito de mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

En el informe se indica que nuestro país cuenta con un marco normativo amplio para abordar la lucha contra la corrupción, sin embargo, hay varias brechas en la implementación de estas normas, en parte por la falta de capacidades técnicas, administrativas, financieras y de personal humano de las entidades involucradas en las estrategias anticorrupción a nivel nacional y territorial.

Avances y retrocesos de Colombia en materia de corrupción

Los principales avances y desarrollos encontrados en el seguimiento del OCC están relacionados con la promoción y el uso de sistemas electrónicos para compras y contrataciones gubernamentales, el fortalecimiento a los órganos de transparencia y acceso a la información pública, la adopción de medidas que previenen los conflictos de intereses y la implementación de políticas y planes nacionales de gobierno abierto.

En cuanto a los retrocesos y debilidades, el informe enumera tres:

  • Concentración del poder en cabeza del ejecutivo.
  • La creciente vulneración de los derechos humanos que se ha venido dando en el país.
  • La ausencia de normativa referente a la protección de denunciantes, informantes y reportantes de actos de corrupción.
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También preocupa la falta de voluntad política para abordar los anteriores temas desde las herramientas de política pública de lucha contra la corrupción, como la Política de transparencia, integridad, legalidad, corresponsabilidad e innovación: hacia un Estado abierto, la cual no incluye medidas concretas para enfrentar la corrupción desde el enfoque de protección de derechos humanos o de inclusión de género.

Asimismo, en el proceso de discusión en el Congreso del Proyecto de Ley 341 de 2020, que busca reformar el denominado estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), se eliminó el articulado que contemplaba la protección a denunciantes y quejosos de actos de corrupción.

A partir de la información recolectada por las organizaciones de sociedad civil participantes en este seguimiento, el informe hace un llamado al Gobierno nacional para avanzar en la lucha contra la corrupción de acuerdo con los siguientes aspectos:

Fortalecer la implementación de las medidas de lucha contra la corrupción en Colombia

Al valorar las medidas anticorrupción en Colombia, las organizaciones participantes en el informe destacaron que, si bien a nivel nacional existen desarrollos normativos enfocados en la lucha contra la corrupción, la brecha en su implementación práctica impide una contribución más decidida a la prevención de este flagelo, toda vez que su implementación a nivel local es baja y presenta retrasos.

Garantizar la implementación de los desarrollos normativos

Al respecto, se afirma en el informe:

Aunque los instrumentos legislativos cobran vital importancia al consolidarse como instrumentos marco para la agenda gubernamental, la expedición de normas no es una medida suficiente para consolidar la lucha contra la corrupción.

Por lo tanto, es necesario que el Gobierno nacional cree las herramientas prácticas para cumplir efectivamente las estrategias ya contempladas en las normas.

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Promover la participación ciudadana en la construcción, discusión e implementación de medidas anticorrupción

Se hace necesario que las medidas implementadas por el Gobierno nacional contemplen espacios de participación ciudadana tanto en la construcción (para identificar las necesidades) como en la implementación (para promover la veeduría ciudadana) de las medidas de lucha contra la corrupción.

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