Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Héctor J. Correa piensa que la JCC y la CTCP deberían ser absorbidos por una colegiatura.
Hernán Rodríguez afirma que el CTCP está encaminado a continuar siendo un apéndice del Gobierno.
Jeisson Ramírez dice que falta un gremio más articulado que cuestione los cambios de la profesión.
¿Goza de independencia la profesión contable en Colombia? ¿Desde el Gobierno nacional se controlan las decisiones que se toman alrededor de ella? Este es un par de inquietudes que tienen los contadores públicos, y se podrían encontrar respuestas mientras se discuten los puntos para modernizar la profesión.
Héctor Jaime Correa, contador público, vicepresidente primero de la Asociación Interamericana de Contabilidad y presidente del Centro de Contadores Públicos de Manizales, indicó en diálogo con Actualícese que uno de los puntos que se vienen discutiendo en la reforma a la Ley 43 de 1990 es la creación de una colegiatura única para la profesión.
Sobre este punto, Correa afirma lo siguiente:
«Ojalá todas las agremiaciones nos pudiéramos unir en una sola, para lograr una gobernanza en la profesión. La idea es que la JCC y el CTCP sean absorbidos por la colegiatura, y sea la misma profesión la encargada de regular y autorregularse, como ocurre en otros países».
Explica que la colegiatura debería contar con tres áreas: i) un área de registro de los profesionales contables, lo que hoy lo hace la JCC; ii) un tribunal de regulación de una normativa que reemplazaría al CTCP; y iii) otra área que sería una especie de tribunal disciplinario de la JCC.
«Esta debe ser una entidad constituida por contadores públicos, no como pasa con la JCC, donde la mayoría de sus componentes son abogados», puntualiza.
Por su parte, Hernán A. Rodríguez, contador con experiencia internacional en sistemas de información contable, reportes a casa matriz, análisis financiero y presupuesto, auditoría y aseguramiento de información, afirma en entrevista con Actualícese que la Ley 1314 de 2009 se desdibujó.
Piensa que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– es una entidad que debe incentivar la discusión acerca de si los Estándares Internacionales nos convienen o no, y luego presentar recomendaciones sobre estos.
Sin embargo, para él, el destino de esta entidad está encaminado a continuar siendo un apéndice del Gobierno, ya que hace recomendaciones, pero el segundo es quien toma las decisiones.
«El Consejo Técnico debería discutir, como su nombre lo indica, las formas técnicas de las taxonomías que ya están presentes, y realizar recomendaciones», explica.
Frente al papel de la Junta Central de Contadores –JCC–, expresa que debe ser una entidad que debe proteger el servicio de la profesión.
«Acá nos protege un tribunal sin llegar a examinar los casos posibles que se deben sancionar. Si quitamos el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, le quitamos un peso a la Junta».
Para Rodríguez, la Junta debe velar por que en Colombia quienes ejerzan la contaduría pública tengan matrícula y certificación, así como cumplimiento ético.
«Hay quejas que se presentan contra los contadores públicos por rabia. Eso no debería ser así. La mayoría se desestiman», puntualiza.
Jeisson Ramírez Morales, contador público, representante legal de Touché Asesores SAS, certificado por ACCA en NIA y con amplia experiencia en revisoría fiscal, pone la lupa sobre los costos de los trámites de la profesión.
Piensa que falta un gremio más articulado que cuestione permanentemente los cambios que se introduzcan en la profesión, incluyendo los costos de los trámites.
«Pero en nuestra profesión todo pasa y nada pasa, es decir que, si el día de mañana dicen ‘vamos a aumentar el costo de la tarjeta profesional’ pocos saldrán a cuestionar por qué, y la mayoría simplemente pagarán. Existen otros gremios como el de los médicos y abogados donde los profesionales se manifiestan mucho más respecto de estos temas», critica.
Sin embargo, hay un aspecto que considera positivo del costo de los trámites. En ocasiones permite controlar la cantidad de oferentes, como pasa con el costo del registro de las firmas prestadoras de servicios contables, cifra que al año 2020 asciende a $4.302.000.
Este registro, aunque solo se paga una vez, no todos están dispuestos a pagarlo, por lo que muchos optan por prestar servicios contables como persona natural y no constituir persona jurídica.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
