Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Daniel Sarmiento Pavas, desde la llegada del actual Gobierno se entró en una fase de desmoronamiento de los órganos profesionales y la profesión se politizó.
Afirma que los contadores peleamos entre nosotros, contra personas o ideologías, y dejamos pasar por alto situaciones graves.
El próximo 1.o de marzo celebraremos el Día del Contador Público en Colombia. Para esta fecha especial, que lleva más de 40 años de haberse instaurado, rendimos un homenaje a las personas que con su labor diaria hacen grande nuestra profesión; sin importar que sean independientes o pertenezcan a firmas.
Todos y cada uno de estos profesionales ponen su granito de arena. Compartimos sus puntos de vista y esperamos que, al igual que ellos, reflexionemos sobre lo que presenta la contaduría pública para este año y la forma en que debemos afrontar los retos.
Este año decidimos tocar temas polémicos que seguramente generarán diversidad de discusiones. A nuestros invitados les planteamos opinar sobre:
En este especial, nuestro primer invitado es Daniel Sarmiento Pavas, contador público, socio director ACS Bogotá, MC Barranquilla, miembro del SMEIG (IASB), CAG de auditoría y ética (IFAC) y TAG (proyecto IFR4NPO para el primer estándar internacional de ESAL). Daniel Sarmiento comenta sobre la posible falta de liderazgo y profundidad de las universidades frente a la enseñanza de Estándares Internacionales.
«Aún estamos lejos del nivel deseado, pero no lo podemos poner simplemente en un asunto de liderazgo o de profundidad, que son dos cosas diferentes», afirma.
Para él, llegar al nivel deseado es un proceso complejo que incluye muchos factores. Enuncia, por ejemplo, el nivel de conocimiento y experiencia de los profesores, que es un asunto de tiempo y esfuerzo; los recursos económicos de las universidades; la regulación estatal, que sigue atrasada; el nivel de conocimiento de los ejecutivos de las empresas, que también tiene una curva larga de aprendizaje.
Sarmiento Pavas puntualiza que los estándares internacionales relacionados con la profesión no son solo las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– y las NIA, sino un paquete que cada vez se amplía más, incluyendo normas como los estándares de educación y los de sostenibilidad, además de otros que vienen en camino, como el estándar internacional para entidades sin ánimo de lucro –IFR4NPO, por sus siglas en inglés–.
«Creo que algunos decanos y directores de carrera no han profundizado mucho en estas materias y eso dificulta la configuración de un plan de estudios que responda a las necesidades de los usuarios de los servicios profesionales», puntualiza Sarmiento Pavas.
Sarmiento Pavas afirma que sería muy aventurado asegurar que los órganos profesionales no cuentan con credibilidad. Para eso sería necesario adelantar un estudio entre preparadores, auditores y usuarios de los servicios; pero si hay algo de lo que carece profundamente nuestra profesión es de estudios y por eso prácticamente no tenemos datos.
«Lo que sí es claro es que crisis sí hay. Desde la llegada del actual gobierno hemos entrado en una fase de desmoronamiento de los órganos profesionales y como lo mencioné en otros medios, la profesión cayó en la politización», puntualiza.
En un ambiente público tan enrarecido como el nuestro, era un milagro que durante 10 años el CTCP hubiera estado inmune a esta amenaza, pero ya se materializó y no se ve un panorama positivo para la profesión.
«Lastimosamente, los contadores peleamos entre nosotros mismos, contra personas o ideologías, porque somos pasionales, pero dejamos pasar por alto situaciones tan graves como la que nos está afectando en este momento. Ojalá los gremios no se queden callados y hagan ver al gobierno el terrible error que están cometiendo», critica.
Sarmiento Pavas indica que no hay estudios serios para justificar los costos.
«No me parece que se puedan comparar los costos de los trámites de las distintas profesiones al rompe, porque hay muchos factores que deben considerarse», dice.
Para él, es claro que una cosa es la Contaduría Pública, que tiene una función social muy importante y recurrente, y otras son las profesiones en las que no se requiere un uso frecuente de la tarjeta profesional porque no tienen una responsabilidad pública como la nuestra. Lo cierto es que los costos no pueden determinarse de manera intuitiva o por simple comparación.
Al respecto, Sarmiento Pavas indica que lo que se observa es que los contadores sancionados son los pequeños, a menudo contadores o revisores fiscales de copropiedades o de micros o pequeñas empresas.
«Pero los procesos en la Junta, partiendo de lo profesional, no se han ajustado. Los trabajos que han realizado los visitadores no han terminado en sanciones porque el Tribunal no ha abierto investigaciones», explica.
Para él, es evidente que no hay coordinación entre el Tribunal y el equipo de inspección, lo que conduce en la práctica a una pérdida de una buena parte de sus labores.
«La normatividad está, pero no hay ningún efecto sancionatorio de los incumplimientos. Es cierto que se necesitaba un tiempo de adaptación, pero el Decreto 302 va para 5 años de emitido, tiempo suficiente para que se exija el cumplimiento de las normas técnicas y éticas, en especial para las firmas de contadores públicos y que se sancionen los incumplimientos», argumenta.
Empíricamente, se puede observar que el nivel salarial de los contadores no es bueno. Una explicación al respecto tiene que ver con el exceso de oferta ante una demanda que no crece a un ritmo parecido. Un simple cálculo lo demuestra: según Confecámaras, en 2019 se crearon algo más de 75.000 personas jurídicas. La mayoría de ellas son microempresas (99,6 %, según la misma fuente) que no necesitan revisoría fiscal y que tienen una contabilidad sencilla que no requiere contratar un contador de planta. Esto reduciría la demanda a 300 empresas.
«Es decir, se generan solo cerca de 1.000 nuevos cupos para profesionales, relegando a los demás a trabajar con microempresas, donde por fuerza, la remuneración es muy baja. No tenemos datos del número de profesionales inscritos en 2019, pero pueden ser alrededor de 9.000. Siendo así, es claro que hay un déficit de empleo. El simple juego de oferta y demanda hace que el valor de los servicios baje», afirma.
Para él, el asunto no se soluciona con un régimen de tarifas porque el mercado es más fuerte que la regulación. «No estoy en contra de eso, pero creo que se necesita una depuración en la profesión, la cual se logra subiendo el nivel de calidad y las exigencias para el ejercicio», afirma.
Sarmiento Pavas dice que para solucionar el problema se requiere reformar la Ley 43 de 1990, pero no se ve probable, y menos ahora. A pesar de lo anterior, solo con mejorar la supervisión, la calidad mejoraría, pero tampoco eso se ve realizable, por ahora.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
