Entre enero y mayo de 2019 se emitieron 448 decretos. La emisión de decretos presenta una baja durante los años en los que hay cambio de gobierno y un incremento en los años inmediatamente posteriores a los períodos de transición. En los últimos 20 años se emitieron 19.238 decretos.
Entre enero y mayo de 2019 se emitieron 448 decretos. La emisión de decretos presenta una baja durante los años en los que hay cambio de gobierno y un incremento en los años inmediatamente posteriores a los períodos de transición. En los últimos 20 años se emitieron 19.238 decretos.
El 15 de agosto de 2019 el Departamento Nacional de Planeación –DNP– y la Imprenta Nacional de Colombia –INC– publicaron el primer reporte del Observatorio de Mejora Normativa, el cual contiene toda la normatividad que se ha publicado por parte de la rama ejecutiva entre los años 2000 y 2018. Este es el primero de los documentos con los que se hará seguimiento a la producción normativa del país mediante el uso de herramientas tecnológicas.
“Incorporar este tipo de análisis sobre el inventario regulatorio es importante, pues nos permite levantar datos para incrementar la eficiencia interna, mejorar la efectividad del marco regulatorio y reducir la carga regulatoria sobre ciudadanos y empresas”, dice Gloria Alonso, directora general del DNP.
El visualizador es una herramienta que permite ver gráficamente las normas publicadas en el Diario oficial entre el 2000 y 2018. El objetivo es incluir, más adelante, información desde 1941 hasta la fecha.
“El objetivo de estos reportes del Observatorio de Mejora Normativa es proveer de información a hacedores de política, academia y ciudadanos interesados en mejorar la calidad de las regulaciones producidas en el país y estudiar sus efectos económicos y sociales”, agregó la directora general del DNP.
En junio de 2019 la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 169 de 2018, de depuración normativa, a través de la derogatoria y la declaratoria de pérdida de vigencia de 10.667 normas obsoletas.
La idea, con esta depuración, es la simplificación del ordenamiento jurídico y la generación de seguridad jurídica en las relaciones del Estado y los particulares, posibilitando su cumplimiento y el rechazo hacia la cultura de la ilegalidad, lo que permitirá la construcción de un mejor escenario para el desarrollo económico.
1.558 normas son sobre obras, contratos, adjudicaciones y transporte; 2165 sobre créditos, gastos y temas presupuestales; 603 sobre asuntos administrativos y organizacionales del Estado; 845 sobre comercio, agricultura, industria y ambiente; y 1.084 relacionadas con lo laboral y la seguridad social. De igual manera, 120 son sobre educación y justicia; 1.460 sobre disposiciones y asuntos de técnica normativa; 1237 referentes a subsidios, auxilios y reconocimientos; 764 sobre relaciones internacionales, orden público y defensa; y 120 relacionadas con impuestos, tarifas y temas financieros.