Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Impuestos a plataformas digitales genera millonarios dividendos al Estado colombiano


Impuestos a plataformas digitales genera millonarios dividendos al Estado colombiano
Actualizado: 26 noviembre, 2019 (hace 4 años)

Por el cobro que las plataformas digitales les hacen a sus usuarios, al Estado le entran, en promedio mensual, 15.000 millones de pesos.

Desde el 1 de julio de 2018 entró a regir el impuesto a las plataformas que se cobra por cada transacción de pago de estos servicios prestados desde el exterior.

“22 empresas ya han pagado 210.000 millones de pesos, correspondientes al IVA de 19 % que se le cargó en la reforma tributaria del 2016”

Colombia cuenta con un importante recaudo de la mano del pago de impuesto por parte de las plataformas digitales. Cuentas de la Dian indican que al 19 de noviembre de 2019, 22 empresas ya han pagado 210.000 millones de pesos, correspondientes al IVA de 19 % que se le cargó en la reforma tributaria del 2016.

Mensualmente, en promedio, a las arcas del Estado le están entrando cerca de 15.000 millones de pesos por el cobro que las plataformas le hacen a cada usuario, cuando hacen uso de sus servicios.

Desde el 1 de julio de 2018 entró a regir el impuesto a las plataformas que se cobra por cada transacción de pago de estos servicios digitales prestados desde el exterior.

A través de este tipo de recaudo Colombia sería el cuarto país con la mayor proyección de ingresos por cuenta del IVA (luego de México, Brasil y Argentina) a plataformas como Uber, Netflix, Spotify y Apple, según estimaciones de la Comisión Económica para América y el Caribe –Cepal–. Las ventas anuales de las plataformas en nuestro país serían de 381 millones de dólares, por las cuales tributarían 53,1 millones de dólares, cerca de 159.000 millones de pesos, lo que estaría alineado con el recaudo que lleva la Dian, más lo que hace falta por el resto del año.

La Cepal, en su publicación Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2019, se refiere a la economía digital como estrategia para que los países de la región obtengan mayores ingresos a través del cobro de impuestos.

La entidad parte asegurando que en América Latina y el Caribe los avances en materia de tributación de la economía digital son incipientes, ya que apenas tres de 16 países analizados por el organismo aplican el IVA a los servicios digitales, y otros tres están en vías de cobrarlo. La Cepal destaca que nuestro país es uno de los que está a la cabeza en este tema.

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El informe advierte de «la importancia de asumir los desafíos tributarios derivados de la digitalización de la economía, toda vez que no hacerlo implica renunciar a una cantidad significativa de recursos fiscales, declinación que cada vez será mayor en la medida en que los nuevos modelos de negocio de la economía digital se vayan consolidando».

Regulación de plataformas digitales y formalización para quienes trabajan a través de ellas

Como consecuencia de lo anterior, el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro presentó un proyecto de ley para regular el servicio de estas compañías.

“Es evidente que las plataformas aportan al desarrollo económico del país, con lo cual su normalización o legalización permitiría darle un impulso a la economía y el empleo», se argumenta en la exposición de motivos.

El proyecto toca temas desde el punto de vista laboral. La idea es que, como se explica en Portafolio, todas las personas consideradas como colaboradores autónomos a través de plataformas digitales de economía colaborativa tengan su seguridad social.

La iniciativa regularía los contratos que celebren los operadores de plataformas digitales con los proveedores de servicios o bienes ofrecidos o comercializados a través de las mismas, dándoles un marco legal para su operación.

Los trabajadores tendrían que afiliarse al sistema de seguridad social como independientes, lo que incluye que paguen sus aportes de salud, pensión y riesgos laborales, siempre y cuando ganen menos de un salario mínimo. Si reciben más, la responsabilidad recaería en la empresa que tiene a cargo la plataforma.

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