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Ley de pago a plazos justos: equilibrio contractual entre pequeñas y grandes empresas


Ley de pago a plazos justos: equilibrio contractual entre pequeñas y grandes empresas
Actualizado: 30 junio, 2020 (hace 4 años)

En #CharlasConActualícese, Ciro Alejandro Ramírez, explica que existe un poder de negociación muy diferente entre las grandes y pequeñas empresas.

Para que una pequeña empresa acceda al mercado frente a una grande, generalmente debe acceder a las condiciones que le impongan, y una de esas es el plazo de pago.

Con la ley de pago a plazos justos durante el primer año el plazo para que las empresas grandes paguen a las mypimes será de 60 días. A partir del segundo año el plazo será de 45. Además, se otorgarán incentivos a quienes paguen en 30 días.

Ciro Alejandro Ramírez, miembro de la Comisión Tercera del Senador de la República, en nuestro espacio #CharlasConActualícese explica que esta es una iniciativa que busca equilibrar la cancha entre las grandes y pequeñas empresas.

«Hay un poder negociación muy diferente entre las grandes y pequeñas empresas, y el problema de esto se observa entre los puntos contractuales o cláusulas que se le exigen a unas frente a las otras», dice.

Ramírez explica que para que una pequeña empresa pueda acceder al mercado o a una venta ante una gran empresa, generalmente debe también acceder a las condiciones que le impongan, y una de esas es el plazo de pago, lo que hace que las mipymes acudan al sector financiero y se endeuden para poder sobrevivir durante unos meses y contar con flujo de caja.

«Por lo anterior, esta ley busca equiparar y establecer por ley un período de pago (mínimo y máximo) para que las empresas pequeñas tengan una relación contractual con las grandes mucho más equilibrada», explica.

El proyecto de ley estuvo respaldado por estudios internacionales de la OCDE, que hablan del beneficio de este tipo de pagos; por el estudio de ley pymes que el cual se enfoca en el impacto positivo en el desarrollo económico de un país, así como por estudios de Acopi y Confecámaras.

Sin embargo, hay empresarios que no apoyan la norma porque va en contra de la libertad de empresa y mercado.

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