Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El objetivo: tener una radiografía de predios, lotes y baldíos que hay en Colombia, sin importar la titularidad de los derechos que existen sobre el bien.
En cada predio se realizará un plan de cuatro puntos: formación, actualización, conservación y difusión catastral, para poner al día los datos.
Un poco más del 5 % de los predios que hay en Colombia son los que cuentan con datos actualizados. Pues bien, con el objetivo de que a finales de esta administración la cifra se incremente al 60 % y en cinco años se llegue al 100 %, el Dane expidió el Decreto 148 de 2020.
Entre otras determinaciones, la normatividad entrega las reglas de juego que fijan el catastro como servicio público e indica los procedimientos en materia de inspección, vigilancia y control.
Hablar de una actualización de datos catastrales con enfoque multipropósito incluye:
Dentro de los canales para recolectar la información, además del trabajo de campo, están el uso de imágenes de sensores remotos, modelos estadísticos y análisis de big data.
La idea es que se generen incentivos a la innovación, la competitividad y el desarrollo de servicios de alta calidad, para garantizar el mantenimiento y actualización permanente de la información.
Manuel Castro, economista líder en sector público de la firma Economía Urbana, y consultor sénior del sector público internacional del Banco Mundial, asegura en entrevista con Actualícese que la desactualización catastral por la que pasa actualmente Colombia es uno de los factores que más incide en el bajo recaudo por medio de impuestos territoriales.
De acuerdo con estimaciones de la firma Economía Urbana, por cuenta de la desactualización del catastro, entre 2010 y 2018, solo las capitales del país dejaron de percibir 4.8 billones por impuesto predial y cerca de 7 billones en total por ingresos tributarios.
La desactualización promedio del catastro en los municipios del país es de 10,3 años (6,3 años en las capitales).
Castro dice que entre 2014 y 2018 las ciudades que actualizaron sus catastros aumentaron 60 % sus ingresos por predial, más del doble que las ciudades que no lo hicieron (26 %).
«Los efectos directos no solo son sobre el predial. De hecho, los beneficios sobre el ICA pueden ser incluso más importantes, ya que una base del catastro actualizada permite identificar los nuevos establecimientos de comercio que no hacen parte de la base tributaria y, en esa medida, reduce la informalidad de la actividad comercial. Otras fuentes de ingreso municipales como la valorización, la delineación urbana, o la plusvalía se ven directamente influidas de manera favorable», explica.
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