Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El FMI indica que, para que los recursos lleguen a manos de quienes realmente lo necesitan, debe haber rendición de cuentas y auditorías ex post.
Los países deben evitar la evasión fiscal, así como el desperdicio y pérdida de fondos causados por la corrupción en el gasto público.
El 28 de julio de 2020, el Fondo Monetario Internacional –FMI–publicó en su blog el artículo Corrupción y COVID-19, en el que se afirma que la corrupción antes de la crisis ya era un problema, pero por la pandemia este flagelo se ha incrementado y hace que la gobernanza se tenga que fortalecer.
Y es que la gran cantidad de dinero invertido en las diversas estrategias sociales y económicas para afrontar el COVID-19, en todos los países del mundo, se convierte en toda una tentación para que se abuse de los cargos públicos y se busque el beneficio privado.
«Corroe la capacidad del Gobierno para ayudar a hacer crecer la economía de una manera que beneficie a todos los ciudadanos», indica el artículo.
Por lo anterior, la entidad plantea tres razones por las cuales los gobiernos deben apostarle a una fuerte gobernanza.
Debido a que las medidas económicas adoptadas para afrontar la crisis aumentan las oportunidades de corrupción, se deben realizar informes oportunos y transparentes, auditorías ex post y rendición de cuentas, a la vez que se cuente con una cooperación entre la sociedad civil y el sector privado, para que los recursos destinados lleguen a manos de quienes realmente los necesitan.
El FMI indica que a medida que las finanzas públicas empeoran, «los países deben evitar la evasión fiscal, así como el desperdicio y pérdida de fondos causados por la corrupción en el gasto público».
En este punto, el FMI, a través de su monitor fiscal, el cual evalúa a 180 países, concluye que las naciones más corruptas recaudan menos impuestos.
«Esto se debe a que las personas pagan sobornos para evitarlos. Además, cuando los contribuyentes creen que sus gobiernos son corruptos, es más probable que evadan los pagos», se asegura en el blog.
Finalmente, las crisis ponen a prueba la confianza de las personas en el Gobierno y en las instituciones de sus países.
«El comportamiento ético se vuelve más destacado cuando los servicios médicos, por ejemplo, tienen tanta demanda. La evidencia de corrupción podría poner en duda la capacidad de un país para responder eficazmente ante la crisis, profundizar el impacto económico y amenazar con una pérdida de cohesión política y social», dice el FMI.
Daphne Álvarez Villa, economista de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Economía de la Universidad de Munich (Alemania) e investigadora de Fedesarrollo, afirma en diálogo con Actualícese que en Colombia falta un control efectivo contra las prácticas corruptas, especialmente sobre el presupuesto del Gobierno nacional que llega a las regiones.
«El proceso de asignación del presupuesto de inversión regionalizada carece de transparencia, no está sujeto a la rendición de cuentas, y termina siendo un medio de pago de favores políticos dentro de redes de corrupción que involucran el nivel central y local», afirma.
Recalca que no debe entenderse “control” como “requisitos burocráticos”. El control efectivo implica que tales requisitos producen un cambio en los incentivos de las personas que participan en el proceso de asignación, de modo que los recursos no son robados o desviados de su uso eficiente.
Carlos Arias, analista político, indica en La República que la afectación que ya está generando la corrupción o la burocracia en la entrega de ayudas a las personas que están sufriendo por el COVID-19 está relacionada con la falta de transparencia en las cifras de la pandemia, los protocolos de entrega de las ayudas y la carencia de una plataforma pública en la que se advierta.
«Por ejemplo, cómo fueron invertidos los recursos recaudados a los funcionarios públicos a los que se les bajó su salario para ayudar en la crisis, en dónde están los recursos entregados por los empresarios a gobiernos locales y nacional y quién le hace veeduría a ese tipo de aportes”.
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