Seguimiento y evaluación, elementos que ponen en tela de juicio incentivos tributarios para empresas

Para Cepal y Oxfam, los incentivos tributarios se justifican si los beneficios que producen para el Estado superan los costos le que generan, por lo que no todos tienen la misma capacidad de fomentar la inversión. Existe un vacío, pues en los países de la región no se conocen análisis sobre el tema.

Los países de América Latina y el Caribe requieren fuentes de financiamiento externas e internas para erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad en todas sus dimensiones y lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Con el propósito de lograrlo es importante que se generen políticas públicas adecuadas para fortalecer la recaudación tributaria, lo que implica mejorar la gobernanza de los incentivos tributarios.

Los anteriores puntos de vista son señalados por Cepal y Oxfam en su más reciente informe, publicado el 10 de septiembre de 2019, titulado Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe, el cual analiza los tratamientos tributarios preferenciales que otorgan los gobiernos de la región, enfocándose en el estudio de los incentivos fiscales que se ofrecen a las empresas para estimular la inversión o la creación de empleo.

La publicación plantea que alcanzar el equilibrio adecuado entre un régimen tributario atractivo para la inversión, mediante por ejemplo el uso de incentivos tributarios, y asegurar los recursos necesarios para el gasto público, es un dilema político clave.

“La efectividad de la política de incentivos tributarios depende, en gran medida, de una buena gobernanza en su diseño, definición, implementación, gestión, seguimiento y evaluación, donde los aspectos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre actores clave adquieren particular relevancia”, señala el informe.

De acuerdo con el estudio, a pesar de los potenciales beneficios que pueden generar, los incentivos tributarios se traducen en recursos fiscales que los Estados dejan de percibir. Entre 2016 y 2019, los gastos tributarios en América Latina (recursos dejados de percibir por los estados por la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria directa o indirecta de determinados contribuyentes) representaron en promedio el 3,7 % del PIB.

En los países de América Latina la mayoría de los incentivos tributarios para las empresas están orientados a determinadas zonas geográficas, a sectores o actividades específicas, como el fomento de las energías renovables, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ciertos sectores de la industria y agroindustria, el turismo, el sector forestal y proyectos cinematográficos.

En gran parte de estos países los incentivos corresponden a exenciones, las que predominan en el impuesto sobre la renta, aunque también se ofrecen para aranceles de importación, IVA y otros impuestos indirectos.

“Al ser una herramienta de política pública, los incentivos fiscales se justifican si los beneficios que producen, tanto económicos como sociales y ambientales, superan a los costos que generan, por lo que no todos los incentivos son iguales en el sentido de su capacidad para fomentar la inversión”, indica el informe.

La publicación recalca la escasez de estudios que incluyan un análisis de costo-beneficio en los países de la región, lo que se convierte en un vacío importante dado el costo fiscal de los incentivos a la inversión.

De acuerdo con el informe, “la evidencia disponible muestra que estos instrumentos constituyen solo uno de los factores que pueden afectar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, dado que existen otros elementos externos al sistema tributario que han resultado más relevantes, como la calidad de las instituciones, la infraestructura, el tamaño del mercado y la estabilidad económica, política y social, entre otros”.

Pasos para mejorar la transparencia de los incentivos tributarios

Los países de la región han experimentado importantes avances respecto de la medición y publicación del costo fiscal de estas rebajas tributarias, pero queda mucho camino por andar para mejorar la gobernanza y transparencia de los incentivos tributarios. Para lograrlo, las dos entidades (Cepal y Oxfam) proponen una serie de lineamientos:

• Proporcionar los incentivos tributarios solo a través de leyes tributarias y/o consolidar todos los regímenes de incentivos vigentes en una sección del código tributario.
• Establecer en la legislación criterios de elegibilidad claros, sencillos, objetivos y fácilmente medibles para acceder a los beneficios tributarios.
• Incluir en la legislación una justificación para establecer o mantener un tratamiento tributario preferencial y exponer claramente los objetivos que se persiguen, fundamentándolos en estudios costo-beneficio.
• Incluir una fecha de término del régimen en la legislación, y exigir que se realicen las evaluaciones pertinentes para decidir su continuación, reforma o eliminación.
• Publicar de manera periódica, oportuna y detallada los costos, beneficios esperados, principales beneficiarios y objetivos de los incentivos tributarios.
• Incluir los informes de gastos tributarios en la discusión del presupuesto de cada año.
• Propiciar una mayor participación ciudadana y una mayor coordinación entre las distintas instituciones de gobierno involucradas.
• Avanzar hacia una mayor cooperación y coordinación internacional, entre otras recomendaciones.

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