Los sistemas de seguridad social se pensaron para mercados de trabajo donde prima la relación asalariada formal, lo que está lejos en un país como Colombia.
Las reformas a estos sistemas deben alinearse con ajustes en el resto del sistema de protección social, incluyendo la regulación laboral.
El COVID-19 le cobró a América Latina una deuda añeja: no haber logrado transformar sus sistemas de seguridad social. Este es el planteamiento del artículo Seguridad social después del COVID-19: opciones de reforma en los países andinos, elaborado por Carolina González, de la división de Mercados Laborales del BID, y David Robalino, asesor sénior de McKinsey y profesor de Finanzas Públicas en la Universidad Americana de Beirut.
El artículo indica que por años se ha escrito sobre los enormes desafíos de cobertura en la región y cómo estos se desprenden de un problema estructural: los sistemas de seguridad social se pensaron para mercados de trabajo en los que prima la relación asalariada formal, lo que dista de ser el caso en nuestros países.
«América Latina no puede ampliar el aseguramiento social sin rediseñar los sistemas de un modo que permita identificar, registrar, asegurar y recolectar contribuciones de todos los trabajadores, sin importar la naturaleza de su vinculación laboral», advierte.
Desde el punto de vista de los autores, el costo de no tener un buen sistema de seguridad social, de la mano de la crisis causada por este nuevo coronavirus, genera oportunidades para la reforma, redefiniendo los equilibrios políticos y facilitando los consensos que requiere la transformación del sistema.
Colombia es uno de esos países que debe reformar los programas de seguridad social, expandiendo su cobertura entre la clase media y vulnerable. La discusión se concentra en los seguros de desempleo y las pensiones, no sin antes reconocer que en muchos casos las reformas deberían alinearse con ajustes en el resto del sistema de protección social, incluyendo la regulación laboral.El modelo de seguro de desempleo propuesto es un híbrido entre un seguro de desempleo tradicional y un sistema de cuentas individuales de ahorro. Este incorpora un ingreso básico garantizado.
Es obligatorio, cubre a todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral y la recepción de beneficios está condicionada a la participación en programas activos del mercado de trabajo.
«El costo de su implementación depende de las características del mercado laboral local, y se presentan diferentes alternativas de financiamiento que contemplan tanto aportes netos de trabajadores con bajo riesgo de desempleo, como transferencias financiadas por otro tipo de impuestos», describe la publicación.
En el caso de las pensiones, las propuestas apuntan a atar mejor los beneficios ofrecidos (la tasa de reemplazo) con la tasa de contribución, la esperanza de vida a la edad de retiro y el retorno sobre las contribuciones del sistema.
«Enfatizamos que esto puede lograrse tanto en un sistema de capitalización como uno de repartición si está bien diseñado. Así, las propuestas se adaptan al modelo existente en cada país. En Colombia se propone un sistema integrado de contribuciones definidas, el cual podría ser de reparto o de capitalización», describen los autores.
Las propuestas también incorporan subsidios a las contribuciones para incentivar el ahorro previsional y corregir el problema de las bajas densidades de cotización, y un ingreso básico no contributivo que cumple las funciones de un subsidio antipobreza.
