A través del Decreto 2046 de 2019, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en reconocer y dar seguridad jurídica a las empresas que quieran operar con un triple impacto: económico, social y ambiental.
Beneficios tributarios y laborales son planteados y aquí los describimos.
A través del Decreto 2046 de 2019, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en reconocer y dar seguridad jurídica a las empresas que quieran operar con un triple impacto: económico, social y ambiental.
Beneficios tributarios y laborales son planteados y aquí los describimos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Sociedades expidió el Decreto 2046 del 12 de noviembre de 2019, con el cual se reglamenta la creación y desarrollo de las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo –BIC–.
Desde la Supersociedades se explica que se trata de una condición legal que puede ser adoptada voluntariamente por cualquier tipo de empresa que quiera ajustar sus prácticas laborales, sociales y ambientales, en procura del interés de la sociedad y del medio ambiente, además del beneficio de sus accionistas.
Por su parte, el ministro de comercio, José Manuel Restrepo, ha dicho que:
“la condición BIC les permite a las empresas distinguirse por el cumplimiento de estándares laborales, sociales y ambientales. El Gobierno, alineado con la estrategia de desarrollo sostenible y los compromisos en materia de derechos humanos, medio ambiente y respeto de los derechos de los trabajadores, promueve y reglamenta este nuevo modelo empresarial, que es socialmente responsable y que permite mejorar la relación con las comunidades y el medio ambiente”.
Para adoptar este modelo las empresas deberán incluir dentro de su razón social la expresión “beneficio e interés colectivo” o la sigla BIC, y declarar en su objeto social las actividades que en esa materia se comprometen a desarrollar.
Lo anterior se debe hacer teniendo en cuenta cinco dimensiones definidas en el decreto: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad.
Una vez modificados los estatutos, las empresas podrán acercarse a las cámaras de comercio y solicitar el registro.
La norma, a su vez, faculta a la Superintendencia de Sociedades para que ejerza la supervisión de las empresas BIC y será la autoridad competente para decidir las solicitudes de incumplimiento.
El decreto indica que las empresas BIC podrán ser beneficiarias y tendrán acceso preferencial a las líneas de crédito pertinentes que implemente el Gobierno.
En materia tributaria, las utilidades repartidas, a través de acciones, a los trabajadores de las empresas BIC serán tratadas como ingreso no constitutivo de renta, ni ganancia ocasional en la declaración del impuesto sobre la renta.
Al respecto, el decreto precisa: “el monto a tratarse como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional será hasta el 10 por ciento de las utilidades generadas por la empresa y que sean efectivamente distribuidas en acciones a los trabajadores de la sociedad, en el mismo año en que se genera la utilidad o en el período siguiente”.
En cuanto al ámbito laboral, una empresa BIC fija una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analiza las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados, para establecer estándares de equidad.
Establece subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores, y ofrece programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo.
De igual manera, crea opciones para que los trabajadores, a través de la adquisición de acciones, tengan participación en la sociedad para la cual laboran.
Amplía los planes de salud y bienestar de sus empleados, y diseña estrategias de nutrición y salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de los trabajadores.
Una empresa BIC también brinda alternativas para que los trabajadores tengan flexibilidad en la jornada laboral. Igualmente, crea opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los empleados.