Trabajadores asalariados, quienes pagan impuestos vía retención en la fuente, no evaden o evaden muy poco.
Tampoco tienen mucho espacio para hacerlo quienes trabajan como contratistas.
Dian necesita de más recursos para su transformación y más “dientes” para luchar contra la evasión y el contrabando.
Trabajadores asalariados, quienes pagan impuestos vía retención en la fuente, no evaden o evaden muy poco.
Tampoco tienen mucho espacio para hacerlo quienes trabajan como contratistas.
Dian necesita de más recursos para su transformación y más “dientes” para luchar contra la evasión y el contrabando.
Cualquiera que sea el modelo, fortalecer las capacidades de la Dian a nivel institucional, de gestión del recurso humano y, por supuesto, tecnológico, demanda recursos.
«La administración tributaria de nuestro país es una entidad sumamente rentable y resulta paradójico que una entidad que recauda casi 160 billones de pesos funcione con menos del 2 % de ese valor», publica el informe Reduzcamos la evasión a sus justas proporciones, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
El Observatorio revisa cómo está la Dian de presupuesto y cómo ha evolucionado en los últimos años. Esto último, haciendo un cálculo basado en la información sobre las apropiaciones presupuestales de la Dian y en la información pública disponible sobre los montos de los presupuestos generales de la nación –PGN–, la entidad indica que desde el año 2003 la participación de la Dian en el PGN ha aumentado en apenas 0,1 puntos porcentuales.
«En 2003 la Dian hizo apropiaciones por 330.000 millones de pesos; al año siguiente, 360.000; y 379.000 en 2005. El salto del billón lo dio en 2013, cuando hizo apropiaciones por 1,3 billones. El proyecto de PGN para 2021 contempla 1,89 billones de pesos para la entidad. ¿Qué sucede si tomamos los valores año tras año y ajustamos los precios para indexarlos con base en 2021 y así poder calcular su variación real en el tiempo? A valores de hoy, en 2003 la Dian hizo apropiaciones por 681.000 millones de pesos. De cara al 2021 –18 años después–, el presupuesto previsto es apenas 1,2 billones más alto», analiza el Observatorio.
La reforma tributaria de 2016 se ocupó, en su parte XIV, de la administración tributaria. El artículo 321 estableció que, dentro de los seis meses siguientes a la entrada de la ley, la Dian presentaría “el plan de modernización tecnológica de la entidad” para su aprobación en el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES–. La ley se sancionó el 29 de diciembre de 2016; pasados los seis meses, no se presentó el plan.
Tras esto último, el Plan Nacional de Desarrollo por la vigencia 2018 – 2022, aprobado en mayo de 2019, creó el Fondo Dian para Colombia, cuya misión es “la financiación y/o la inversión del programa de modernización” de la entidad. Posteriormente, mediante el Decreto 1949 del 25 de octubre de 2020 se reglamentó el citado fondo.
«El asunto permaneció quieto hasta el 12 de junio, cuando se aprobó el documento CONPES 3993, mediante el cual se entregó “concepto favorable al patrimonio autónomo Fondo Dian para Colombia”. Este da luz verde para la “contratación de operaciones de crédito público externo con la banca multilateral” hasta por 250 millones de dólares, y autoriza a la Nación para que otorgue “la respectiva garantía para financiar el programa de apoyo a la modernización” de la Dian. También se declaran “de importancia estratégica” los aportes que se planea hacer de la Nación al “programa de apoyo a la modernización de la Dian», explica el Observatorio.
Desde el punto de vista del Observatorio, 250 millones de dólares es mucho dinero en ciertos escenarios. Pero, de cara a las necesidades del sistema tributario colombiano, es una cifra sumamente corta para hacer frente a las necesidades actuales.
Por otra parte, en el escenario aparece la Comisión de Expertos Tributarios que, según ha explicado el director de la Dian, José Andrés Romero, tiene la misión de producir propuestas sustentadas que garanticen la sostenibilidad fiscal del país en el mediano y largo plazo, evaluando la eficacia de los beneficios e incentivos tributarios que hoy le cuestan al país 74 billones de pesos.
Desde el punto de vista de Romero, lo anterior se debe complementar con más recursos para la transformación de la Dian y más “dientes” para luchar contra la evasión y el contrabando, donde podemos recaudar alrededor de 30 billones de pesos más.
Para el Observatorio, más que leyes, se requiere ir a la fuente material para entender la realidad.
«Una dirección de impuestos débil es el mayor beneficio posible para quien no quiere pagar, pero también para quien tiene la capacidad de hacerse el tonto», puntualiza el Observatorio.
Esto último quiere decir que renovar las normas y actualizar el Estatuto Tributario una y otra vez no es la solución.
«Los trabajadores asalariados, quienes pagan impuestos vía retención en la fuente, no evaden o evaden muy poco. Tampoco tienen mucho espacio para hacerlo quienes trabajan como contratistas. El foco debe ponerse sobre los que compran facturas, falsifican pagos o reportan servicios inexistentes», advierte.
Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, ha dicho que la ley por sí sola no va a poner a tributar lo justo a las centrales de abastos, o a las subastas ganaderas, ni a las grandes haciendas, ni a los constructores, ni a los grandes evasores.
«Colombia necesita una reforma integral del sistema: desde cómo se crea y modifica la norma hasta cómo se aplica la ley y se identifican los contribuyentes», afirma Ortega.
«Aunque en la práctica es imposible bajar la evasión a ceros, es mucho lo que se puede, y se debe hacer para, al menos, llevarla a sus justas proporciones», concluye el informe.