Ingrid Díaz Rincón, directora de gestión de aduanas de la Dian, dialogó con Actualícese sobre las novedades que presenta el estatuto aduanero, su régimen sancionatorio, los cambios implementados para que el proceso sea más dinámico y moderno, y los beneficios para el comercio exterior del país.
Ingrid Díaz Rincón, directora de gestión de aduanas de la Dian, dialogó con Actualícese sobre las novedades que presenta el estatuto aduanero, su régimen sancionatorio, los cambios implementados para que el proceso sea más dinámico y moderno, y los beneficios para el comercio exterior del país.
Ingrid Díaz Rincón, directora de gestión de aduanas de la Dian, afirma que José Andrés Romero, director de la Dian, ha dado instrucciones de compilar en un único documento la legislación vigente, así como la regulación reglamentaria aplicable que gira alrededor del estatuto aduanero.
«Sin lugar a dudas, para la dirección general es imprescindible contar con un único ordenamiento legal que brinde seguridad jurídica a los administrados y a la misma administración», dice Díaz Rincón.
La nueva regulación aduanera y su implementación es un ambicioso proyecto de la Dian que tiene como fin generar condiciones legales y operativas para el desarrollo del comercio exterior colombiano, en un marco equilibrado entre la facilitación y el control.
Varias de las disciplinas establecidas en los Decretos 390 de 2016 y 349 de 2018, ya están en plena aplicación, y se tiene previsto que todas entren en vigencia en armonía con los sistemas de información electrónicos aduaneros en los que la Dian trabaja actualmente. Se está haciendo una compilación de las normas para que los empresarios tengan claridad en cuanto a los artículos que están vigentes y aquellos que entrarán cuando esté listo el sistema.
El propósito principal de la nueva regulación es dinamizar el servicio aduanero con normas que faciliten las operaciones de comercio, reduzcan tiempos, costos y hagan predecibles las etapas de los procesos de importación, exportación y tránsito de mercancías desde su origen en el exterior hasta su destino final en el territorio nacional y viceversa.
Los últimos datos que hay a propósito de la duración de las importaciones, son los presentados al país en 2016 por la USAID con ocasión del estudio realizado a los tiempos de desaduanamiento, medición producto de un convenio de asistencia técnica ligado a los compromisos adquiridos por Colombia en el TLC con EEUU, estos últimos relacionados con desaduanar la mercancía en la medida de lo posible en 48 horas.
El estudio concluye que en el caso de las 130 horas que consume el proceso, la mayor incidencia de tiempo corresponde al agente de aduanas (declarante), con un 66 % que equivale a 86 horas. Asimismo, el reconocimiento de carga (que se hace dentro de los trámites en los puertos y aeropuertos al momento de su llegada al país), se realiza solamente al 1 % de las importaciones. El 90 % de las mercancías que ingresan al país no tienen intervención de la autoridad aduanera atendiendo a los criterios de administración y perfilamiento del riesgo.
Con la implementación de la inspección aduanera no intrusiva que reduce tiempos y costos a funcionarios y usuarios, la aduana trabaja continuamente para mejorar procedimientos y demoras. Distintas disposiciones que trae la nueva regulación, como son el pago electrónico obligatorio y la reorganización de las etapas del proceso de importación –que recoge la mejor práctica internacional en el sentido de invertir las etapas de pago e inspección aduanera de las mercancías–, también traerán beneficios. A partir de la nueva regulación, el pago de la declaración aduanera es posterior a la inspección o aforo de las mercancías.
Varias:
Los beneficios son para el país, en términos de competitividad y buenas prácticas. Los empresarios directamente vinculados al comercio exterior son beneficiarios, pero también los industriales y comerciantes que no realizan operaciones frente a la aduana, en tanto que indirectamente reciben los efectos positivos de las mejoras en la logística, procedimientos y tiempos y movimiento. También la aduana que empieza a aplicar reglas más claras y ciertas. La seguridad jurídica beneficia a todos los actores de la cadena del comercio exterior y las aduanas.
El Decreto 349 de 2018 modifica algunas de las normas contenidas en los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016, y su principal beneficio es que ofrece seguridad jurídica en lo referente a la aplicación y vigencia de las normas que modifica. Era perentorio hacer ajustes y precisiones a aquellas normas, y con la expedición del Decreto 349 se logra ese propósito.