Insolvencia empresarial: ¿han servido las medidas del Gobierno para salvar a las organizaciones?

Acuerdos de reorganización empresarial pasaron de 1.190 (a diciembre 31 de 2019) a 1.685 (a junio 30 de 2021).

Se destacan medidas de insolvencia de los decretos legislativos 560 y 772 de 2020.

Empresas en procesos de insolvencia, afectadas por COVID-19, podrán emitir bonos de riesgos para recuperarse.

La Superintendencia de Sociedades presentó el Atlas de insolvencia, información con corte al 30 de junio de 2021, un documento que la entidad presenta semestralmente para explicar de manera detallada el comportamiento de este fenómeno económico de gran relevancia, que afectó mucho más a las organizaciones en medio del impacto del COVID-19.

Durante este año la entidad ha recibido un total de 615 solicitudes de insolvencia, un 36 % más de solicitudes en comparación con las presentadas en el primer semestre de 2020.

Un 78,86 % de las solicitudes corresponden a procesos de reorganización y un 21,14 % a solicitudes de liquidación.

La entidad informó que el inventario consolidado arrojó un total de 3.679 procesos de insolvencia con activos por 67 billones de pesos y 200.287 trabajadores, de los cuales 2.942 son procesos de reorganización (en trámite, 1.257, y en ejecución, 1.685) y 737 son procesos de liquidación.

Aunque las solicitudes de insolvencia aumentaron por la crisis empresarial, los ajustes realizados en el tema por la Supersociedades han dado frutos. Se destacan las medidas de insolvencia adoptadas mediante los decretos legislativos 560 y 772 de 2020.

Juan Pablo Liévano, superintendente de Sociedades, expresó que desde la entidad se vienen haciendo importantes esfuerzos al respecto, como el aumento de los acuerdos de reorganización en ejecución, al pasar de 1.190 (a diciembre 31 de 2019) a 1.685 (a junio 30 de 2021), lo que representa aproximadamente 495 empresas rescatadas en dicho período, así como el estudio y trámite del 97,39 % de las solicitudes presentadas desde 1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Manifestó Liévano:

Los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades tienen como fin brindar una respuesta rápida y eficaz a las empresas en dificultades económicas y la protección del empleo, sin descuidar el crédito.

Entre los datos socializados por la entidad se destacan:

Solicitudes admitidas este año

Durante el primer semestre de 2021 la Supersociedades admitió a 376 deudores en insolvencia.

Admisiones por tipo de solicitud en 2021

Frente al tipo de solicitudes admitidas en procesos o trámites de insolvencia durante el primer semestre de 2021, un 76,33 % acudieron al uso de los mecanismos de insolvencia creados por los decretos legislativos 560 y 772 de 2020 (reorganización abreviada, negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y liquidación simplificada).

Inventario total por sectores

El inventario de los 3.679 procesos se divide así por sectores:

• 235 empresas del sector de la agricultura.
• 855 del sector de comercio.
• 421 del sector de la construcción.
• 638 del sector de la manufactura.
• 66 del sector minero.
• 1.065 del sector servicios.

La suma arroja 3.280 empresas. Los procesos adicionales en el inventario, es decir, 399 procesos, son de personas naturales no comerciantes.

Nueva alternativa para las empresas: bonos de riesgos

El 12 de agosto de 2021 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 890 de 2021, el cual reglamenta la figura creada en el Decreto 560 de 2020, en el que se indica que las empresas afectadas por el COVID-19 que se encuentren en procesos de insolvencia podrán emitir bonos de riesgos para su recuperación.

Un bono es un título valor representativo de deuda que puede emitir cualquier persona. Según sus condiciones particulares, es posible redimirlos en dinero o en participación en la propiedad de la empresa emisora. También es posible negociarlos con un tercero.

Se habla de bono de riesgo cuando el emisor está en una situación financiera inestable y existe una probabilidad mayor de incumplimiento de la obligación incorporada. Este riesgo lo asume quien lo adquiere y se refleja en el precio del título.

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