SIC retomará procesos y trámites jurisdiccionales que se tramitarán a través del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones de la entidad.

Aunque el aislamiento preventivo obligatorio se mantendrá hasta el 25 de mayo, nuevos sectores de la industria, sobre todo del comercio, retomarán actividades.

Informe destaca que Colombia ha implementado algunos de los más completos paquetes de reformas legales a nivel internacional.

Acopi plantea que se podrían disminuir temporalmente salarios hasta en un 30 %, sin afectar a quienes ganan el mínimo.

Para Fenalco, el pago de nóminas debería ser compartido entre el Gobierno, empresarios y trabajadores.

Para la Andi, se podrían activar mecanismos de subsidio directo al empleo.

Aseguradoras aprendieron las lecciones del SRAS de 2003 e introdujeron cláusulas de exclusión para enfermedades contagiosas y epidemias/pandemias.

Seguros de crédito comercial que cubren negocios contra deudas que no pueden ser pagadas por sus clientes o proveedores se verán afectados.

Bancóldex tiene una línea de crédito dirigida a actividades turísticas, de transporte aéreo y de espectáculos públicos.

iNNpulsa, Banco Agrario y Fontur crearon una línea enfocada en los emprendedores agro en todo el país.

Finagro está otorgando un subsidio adicional para actividades del agro.

Empresarios colombianos ya cuentan con una plataforma para consultar las regulaciones, protocolos de bioseguridad y las facilidades con la cuales cuentan en medio del COVID-19.

Crecimiento real del PIB en Colombia podría ser de -1,2 %. Importaciones, exportaciones y tráfico de mercancía en las vías colombianas se ha visto afectado.

Estas medidas no significan suspensión, congelamiento, condonación, ni eliminación del pago de los cánones.

No pago de intereses de mora ni penalidades, indemnizaciones u otras sanciones son para los cánones correspondientes al período comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó una serie de medidas para la presentación de procesos de insolvencia de aquellas empresas que se vieron afectadas por el estado de emergencia, social y económica decretado por el COVID-19.

Estas medidas tendrán una vigencia de dos (2) años.