El impuesto sobre vehículos automotores se encuentra regulado en la Ley 488 de 1998, en donde se definen como beneficiarios de la renta del impuesto a los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en el artículo 139 de la misma ley. La distribución del recaudo se precisa en el artículo 150 de la misma Ley 488 de 1998, de acuerdo con el cual a cada distrito y municipio le corresponde recibir el 20 % del total de lo recaudado en cualquier departamento por las declaraciones en las que se haya informado una dirección del respectivo distrito o municipio. Por su parte, el impuesto de circulación y tránsito fue sustituido por el impuesto sobre vehículos automotores al que acaba de hacerse referencia (artículo 138). Sin embargo, el parágrafo 4º del artículo 145 de la Ley 488 de 1998 autorizó a los municipios que lo tuvieran establecido a la fecha de sanción de dicha ley mantenerlo vigente para los vehículos de servicio público. En consecuencia, los distritos pueden seguir recaudando el impuesto de circulación y tránsito para los vehículos de servicio público si para el 28 de diciembre de 1998 lo tenía establecido.
De acuerdo con el artículo 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dentro de los modos en que los actos administrativos adquieren firmeza, luego de que el administrado a interpuesto recursos contra la decisión de la administración, se encuentran las figuras del desistimiento y la renuncia expresa de ellos. Frente a las mismas, es correcto afirmar que son derechos que ostentan los administrados y que pueden usar en cualquier tiempo antes de que la administración resuelva los recursos interpuestos, oportunidad que se deduce de lo consagrado en el artículo 81 del mismo código. Cabe señalar que, si el administrado presenta desistimiento a los recursos previamente interpuestos en sede administrativa, esta solicitud deberá ser aceptada por la administración y su aceptación deberá ser notificada al administrado. De esta manera, con la notificación de aceptación de la administración al administrado quedará en firme y ejecutoriada la decisión de la administración.
Teniendo en cuenta que la Ley 1819 de 2016 entró a regir desde la fecha de su publicación, es decir, desde el 29 de diciembre de 2016, pero que el nuevo artículo 589 del ET modificado por el artículo 274 de la citada ley, que trata de las correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor, solo entrará en vigencia una vez la Administración Tributaria realice los ajustes automáticos necesarios y lo informe así en su página web, plazo que no podrá exceder de un año contado a partir del 1 de enero de 2017; es necesario precisar los términos y procedimientos aplicables de manera general según la línea de tiempo en que las declaraciones se hayan presentado. Por lo anterior, la Dian explica el procedimiento a aplicar en las declaraciones iniciales presentadas antes de la publicación de la Ley 1819 de 2016; en las declaraciones iniciales presentadas después de la publicación de la Ley 1819 de 2016 y antes de entrar en vigencia el nuevo artículo 589 del ET modificado por el artículo 274 de la mencionada ley; y en las declaraciones iniciales presentadas en vigencia del nuevo artículo 589 del ET modificado por el artículo 274 de la Ley 1819 de 2016. Cabe señalar que el factor determinante de los términos y procedimiento a seguir será la fecha de presentación de la declaración inicial y no del vencimiento del plazo para declarar.
Para efectos de la prescripción de la acción de cobro, la administración tributaria debe determinar cuándo empezó efectivamente a correr el término para cada uno de los obligados (principales, solidarios, subsidiarios), según lo describen las normas.
La Dian señala que antes de iniciar cualquier programa de control que se requiera adelantar por el incumplimiento al régimen cambiario en donde se haya obtenido algún beneficio por la aplicación del artículo 39 de la Ley 1739 de 2014 (no habrá lugar a comparación patrimonial ni a renta líquida gravable por concepto de declaración de activos omitidos), deberá evaluarse el alcance de las normas y operaciones referidas en su parágrafo 1 a la luz de la regulación dada por el Banco de la República, los literales h) e i) del artículo 16 de la Ley 31 de 1991.
La Dian precisa que los actos administrativos que prestan mérito ejecutivo en materia tributaria cobran firmeza el día siguiente a la radicación del escrito de renuncia al interponer el recurso.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 2000 del 29 de septiembre de 2017 con la cual establece la forma y los requisitos como han de presentarse las solicitudes de certificación, con miras a obtener la exclusión del impuesto sobre las ventas en la adquisición de equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, y en la importación de maquinaria o equipo destinada a reciclar y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y la destinada a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente.
La DIAN precisa una vez más, que el vendedor perteneciente al régimen simplificado del IVA, no está obligado a cobrar y declarar el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, pese a que entregue bolsas plásticas con la finalidad señalada en el artículo 512-15 del ET.
El 28 de septiembre de 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 1988, con la cual fija las metas indicativas de eficiencia energética, y señala las acciones y medidas fijadas en el Plan de Acción Indicativo –PAI– 2017-2022 para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía –PROURE– dentro de las cuales deben enmarcarse las solicitudes que en materia de eficiencia energética se presenten ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– para optar por la exclusión del impuesto sobre las ventas prevista en el literal j) del artículo 1.3.1.14.7 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 1 del Decreto 1564 de 2017.
Por la cual se modificarían los anexos técnicos No. 001, 002, 003 y 005 de la Resolución 000019 del 24 de febrero de 2016 (con la cual se prescribió el sistema técnico de control para la factura electrónica) y se adiciona el anexo 006.