La Dian precisa que la expedición de factura o documento equivalente constituye una obligación fiscal independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad (pública o privada), o de su calidad de contribuyente o no; la ley y el reglamento señalan explícitamente los casos en los cuales no se requiere expedir factura, sin que entre ellos en encuentren las entidades públicas. Por lo anterior, es claro que la obligación de expedir factura se extiende a las entidades públicas que vendan bienes o prestan servicios. Cabe señalar que, de acuerdo con el Decreto 1001 de 1997, las entidades públicas quedan autorizadas para expedir documento equivalente; sin embargo, en la práctica existen entidades públicas que expiden factura con todos los requisitos de la ley, en particular, las responsables del impuesto sobre las ventas.
La Dian señala que para resolver de fondo un recurso de reconsideración sobre hechos que tuvieron lugar en el 2009, debe tenerse claro que el actuar tanto del administrado como de la entidad estuvo soportado en las normas sustantivas de la época, que contemplaban las obligaciones y formalidades aduaneras a la que se debía dar cumplimiento en ese momento, por lo que son estás normas sobre las cuales debe versar el estudio y análisis al momento de resolver de fondo el mencionado recurso.
La Dian señala que de acuerdo con lo establecido en el artículo 420 del ET la importación de bienes es un hecho generador del IVA; sin embargo, precisa que cuando se trate de equipos que cumplan la condición de ser material de guerra o reservado, de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y/o corresponden a alguno de los elementos descritos en los literales del numeral 3 del artículo 477 del ET en las condiciones, uso y fines pertinentes señalados por la norma, su importación y venta en el territorio nacional estará exenta de IVA. Sobre los documentos que deben acompañar a la factura de venta y/o la importación para acreditar la calidad de bienes exentos, la Dian indica que la ley tributaria no exige otro, salvo que las facturas cumplan con todos los requisitos de la mismas y el contrato donde conste que los bienes corresponden a aquellos enumerados en los literales a) al p) del numeral 3 del artículo 477 del ET.
Las funciones desarrolladas por un administrador de propiedad horizontal encuadran dentro de la categoría de servicios, por lo cual la tarifa de retención en la fuente aplicable en lo relativo al impuesto sobre la renta y complementario será del 4 % sobre el respectivo pago o abono en cuenta.
La Dian precisa que quien se dedica a minar (en el contexto de las criptomonedas) y obtiene nuevas monedas virtuales, obtiene un bien como producto de esta actividad a título de retribución de los servicios de confirmación y aseguramiento, o a título de comisión, y por tanto percibe un ingreso en especie. Así las cosas, los residentes en Colombia que disponen de equipos, recursos y labores que se integran a la actividad de minería, permitiéndoles obtener monedas virtuales a cambio de los servicios prestados en la red y/o a título de comisiones, perciben ingresos gravados en Colombia. Se puede concluir que aunque las monedas virtuales no son dinero para efectos legales, en el contexto de la actividad de minería, en tanto se perciben a cambio de servicios y/o comisiones, corresponden a ingresos y, en todo caso, a bienes susceptibles de ser valorados, de generar una renta para quien las obtiene, y de formar parte de su patrimonio.
La Dian precisa que las personas extranjeras con residencia fiscal en el país están obligadas a tributar sobre la totalidad de su rentas mundiales a partir de su primer año de residencia en Colombia.
El Ministerio de Hacienda publicó en su portal web un proyecto de decreto que reglamentaría el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a la retención, liquidación y giro de los aportes al sistema de seguridad social integral de los contratistas por parte de los contratantes. Este proyecto de decreto estará disponible para comentarios hasta el 14 de agosto de 2017.
Por el cual se modifica parcialmente el capítulo 18, título 1, parte 2, libro 1 del Decreto 1625 de 2016 para reglamentar el artículo 255 del ET, que trata sobre el descuento en el impuesto de renta a que tienen derecho las personas jurídicas que realicen inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
Para el caso de la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma indicada en las normas reglamentarias vigentes. Sin embargo, los artículos 2 y 3 del Decreto 4713 de 2005 que reglamentaban la deducción por pagos de intereses en créditos de vivienda y el artículo 8 del Decreto 3750 de 1986, que establecía las reglas para el caso del crédito de vivienda que se otorgó a varias personas y la forma como se aplicaba la deducción, no fueron compilados al Decreto 1625 de 2016, siendo disposiciones necesarias para la correcta aplicación de la Ley.
La Dian señala que no existe ninguna exclusión expresa en el Estatuto Tributario acerca del impuesto nacional al consumo respecto de bienes automotores que se donen por parte de gobiernos extranjeros. Así las cosas, concierne al contribuyente verificar si los bienes automotores corresponden con el tratamiento especial del impuesto al consumo que se encuentra en los artículos 512-3 a 512-5 de ET.