Por la cual se prescribe el formulario para la presentación de la “Declaración de renta y complementario de personas naturales y asimiladas”, para declarar la fracción de año 2017.
Los concejos municipales deben tener en cuenta que la base gravable del impuesto predial unificado es el avalúo catastral fijado por la autoridad catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto, en los términos de la Ley 44 de 1990.
Con el fin de unificar criterios de interpretación y absolver consultas relacionadas con las medidas adoptadas por el Decreto 731 de 2017 respecto al tratamiento tributario especial para algunos bienes producidos o comercializados en Mocoa, Putumayo, para estimular la demanda interna, contrarrestar los posibles impactos directos sobre la inflación e incrementar el consumo local de los bienes que se producen o comercializan en la zona, la DIAN expidió el Concepto general 013092 del 14 de julio de 2017 con el cual aclara: en qué consiste la exención transitoria del IVA y a cuáles bienes aplica; las condiciones para su aplicación; los efectos del incumplimiento de estas condiciones y la vigencia de la misma. Asimismo, precisa, respecto a la exención para los insumos adquiridos por las fuerzas militares, el tratamiento y aplicación de la tarifa del 0% del impuesto de renta para personas jurídicas, el tratamiento de la retención en la fuente y de la autorretención a título del impuesto de renta para los años 2017 y 2018, entre otros.
El literal b) del artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 autoriza a las asambleas departamentales para establecer tributos, tales como estampillas, tasas o sobretasas a contratos, obras públicas, interventorías, concesiones o demás que sean de competencia del orden departamental, para lo cual deberá fijar mediante ordenanza los elementos del tributo, entre estos, las tarifas, sujetos pasivos, hechos generadores y demás aspectos necesarios para su administración y recaudo.
El precio de venta al detallista que se constituye como base gravable del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas es el precio facturado a los vendedores o expendedores al detal, el cual debe ser el reflejo del precio de fábrica a nivel del productor, y del margen de comercialización desde su salida de la fábrica hasta su entrega al expendedor al detal, aspectos que conforme con la misma norma deben valorarse conforme con las condiciones reales del mercado.
Luego de analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Ministerio de Hacienda resalta que en respeto de los derechos fundamentales de defensa y del debido proceso, los deudores solidarios deben ser vinculados al proceso de determinación de las obligaciones tributarias, y que en tal virtud a aquellos les asistirá el derecho de responder requerimientos, presentar pruebas, interponer recursos y, en general, todas las actuaciones propias de ese proceso. Sin embargo, aun estando clara la necesidad de vincular a los deudores solidarios, es importante precisar que no existe hoy día dentro del Estatuto Tributario nacional ninguna disposición que imponga la obligación de vincular a los deudores solidarios a la etapa de determinación del impuesto, como tampoco existe un proceso expresamente reglado para estos efectos.
El capítulo IV de la Ley 1819 de 2016 estableció la destinación y el hecho generador del impuesto de alumbrado público, incluyendo la facultad para que los municipios y distritos, a través de los concejos municipales y distritales, adopten el impuesto de alumbrado público o una sobretasa no superior al uno por mil de la base de liquidación del impuesto predial, con el fin de cubrir el costo por la prestación del servicio; además, el artículo 351 de la mencionada ley señaló que el Ministerio de Minas y Energía tendría la tarea de establecer una metodología que permite a los municipios determinar los costos de la prestación del servicio de alumbrado público. Por lo anterior, dicho ministerio publicó un proyecto de decreto mediante el cual reglamentaría la prestación del servicio de alumbrado público y fijaría la metodología para la determinación de los costos de la prestación del mencionado servicio, siendo necesario modificar algunos artículos del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015.
El hecho generador del impuesto de industria y comercio es la realización de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en una jurisdicción municipal. Por ende, quien realice tal actividad deberá cumplir con las obligaciones de los contribuyentes, es decir, inscribirse, declarar y pagar. Los artículos 197, 198 y 199 del Decreto ley 1333 de 1986 establecen qué se entiende por actividad industrial, comercial y de servicios, respectivamente, para efectos de la liquidación del impuesto de industria y comercio.
Establecen reposición efectiva de las clases, sin que haya lugar a receso estudiantil
A través de la expedición de la Resolución 000042 del 11 de julio de 2017 la DIAN modifica la Resolución 000112 del 29 de octubre de 2015, la Resolución 000084 del 30 de diciembre de 2016 y la Resolución 000068 del 28 de octubre de 2016, con el propósito de actualizar los contenidos y conceptos de la información a reportar por la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores –Deceval– y reemplazar las especificaciones técnicas de la información del impuesto predial para los años gravables 2016 y 2017 para facilitar la presentación y el uso de esta información. Junto con dicha resolución fueron publicados los anexos 1 y 2, correspondientes al formato 2273 versión 2 (Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados), y al formato 1476 versión 9 (Información predial).