La DIAN precisa que la educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes educación no formal, y las condiciones exigidas para que los establecimientos que prestan el servicio de este tipo de educación sean reconocidos como tales por el Gobierno (cumpliendo así con los presupuestos previstos en el numeral 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario para que el servicio se encuentre excluido del IVA) están debidamente reguladas, entre otros, por el artículo 36 de la Ley 115 de 1994, el artículo 3 de la Ley 1064 de 2006 y los artículos 2.6.3.1 a 2.6.3.5 del Decreto 1075 de 2015.
La Dian recuerda que el impuesto al consumo de bolsas plásticas tiene como propósito desincentivar el uso de material plástico que reduzca los factores del deterioro ambiental, brindando otras alternativas como lo son las bolsas biodegradables o reutilizables, sin perjuicio de la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Así pues, a través del artículo 512-15 del ET se estableció que el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas recae sobre cualquier tipo de bolsas plásticas cuyo propósito sea cargar o llevar los productos adquiridos en los establecimientos de comercio, incluyendo los productos entregados a domicilio. Asimismo, recuerda que mediante la Resolución 0668 del 28 de abril de 2016 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentó el uso racional de bolsas plásticas, y estableció la prohibición expresa respecto a la distribución de bolsas plásticas que por sus dimensiones y capacidad se consideran prescindibles.
La Dian precisa que no es posible acogerse a la reducción de la sanción por inexactitud en los términos del artículo 713 del ET, y sobre el mismo acto, acogerse a la terminación por mutuo acuerdo consagrada en el artículo 306 de la Ley 1819 de 2016 para obtener el beneficio de la reducción de la sanción.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 las normas relacionados con el impuesto de industria y comercio consideraban como actividades de servicios gravadas aquellas dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad, y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho, lo que permitía concluir que los servicios de consultoría profesional prestados por personas naturales no eran actividades de servicios gravados con ICA. Sin embargo, con la modificación realizada por el artículo 345 de la ley antes mencionada al artículo 36 de la Ley 14 de 1983, es claro que ahora todas aquellas «obligaciones de hacer» a cargo de personas naturales se encuentran gravadas con impuesto de industria y comercio. Por lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los municipios deben verificar sus estatutos tributarios en el sentido de establecer las tarifas correspondientes a las actividades que resulten gravadas a partir de la nueva definición de la actividad de servicios del artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, de tal forma que los contribuyentes conozcan las reglas de tributación y de retención en la fuente, si el municipio tiene adoptado este sistema de recaudo anticipado.
Por el cual se sustituirían los capítulos 4 y 5 del título 1 de la parte 2, y se adicionaría un artículo al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, en lo relacionado con la reglamentación aplicable a las donaciones y el régimen tributario especial en el impuesto de renta y complementario.
La Dian precisa que el numeral 24 del artículo 476 del ET, adicionado por el artículo 187 de la Ley 1819 de 2016, que hace referencia a que el suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos se encuentra exceptuado del IVA, no requiere reglamentación para efectos de su procedencia.
La DIAN recuerda que las declaraciones de renta presentadas por las personas naturales contribuyentes de este impuesto, a través del sistema alternativo IMAS, quedan en firme pasados seis meses desde la presentación de las mismas. No obstante, en caso de que el contribuyente solicite la devolución de un saldo a favor consignado en una declaración realizada a través del IMAS, y aun cuando ya haya operado la firmeza de dicho denuncio fiscal, el término de firmeza que aplicará será el dispuesto en el artículo 714 del ET, es decir, de 3 años desde la presentación de la solicitud de devolución. Cabe señalar que, para efectos de la verificación de la realidad del saldo a favor y de las retenciones que dieron origen al mismo, la administración contará con las facultades consagradas en el artículo 856 del ET.
Al revisar los artículos 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, junto con el Decreto 927 de 2017, que prevén y desarrollan las figuras de conciliación contencioso administrativas y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos, aduaneros y cambiarios, no se observa ninguna mención en relación al alcance de estas figuras respecto del tratamiento de la gestión de riesgos, del que se pueda deducir que no obren como antecedente en el modelo de gestión que realice la entidad. Por tanto, las sanciones que se establezcan como resultado de los procesos de conciliación y terminación de mutuo que versen sobre procesos administrativos en materia tributaria, aduanero y cambiaria, que terminan con el pago del valor de las sanciones, intereses y actualización, según sea el caso, podrán o no hacer parte de los elementos contentivos del sistema de gestión de riesgo, dependiendo de los parámetros que en ese momento tenga establecido el modelo.
La DIAN precisa que el alcance de la exclusión del parágrafo del artículo 424 del ET debe ser entendida dentro del supuesto de la venta del crudo recibido por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por concepto de pago de regalías, en razón a la estructura del IVA y al contenido de la disposición legal.
La Dian precisa que los servicios que contraten las EPS con recursos propios o para la prestación de servicios distintos a los expresamente indicados en los numerales 3 y 8 del artículo 476 del ET, y en el literal a), numeral 1 del artículo 1 del Decreto 841 de 1998, se someten a las reglas generales del IVA, de acuerdo con su naturaleza y, en consecuencia, son gravados si no se encuentra expresamente excluidos del impuesto.