Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016, “Único Reglamentario en Materia Tributaria” para sustituir unos artículos del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 y un artículo al Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, y establecer los porcentajes de componente inflacionario no constitutivo de renta, ganancia ocasional, costo o gasto, por el año gravable 2016 y el rendimiento mínimo anual de préstamos entre las sociedades y sus socios por el año gravable 2017.
La DIAN precisa que la tarifa aplicable a los empleados por retención en la fuente por ingresos laborales dependerá del procedimiento que se aplique y el resultado del procedimiento.
La condición especial de pago establecida en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, debió ser implementada y reglamentada por las asambleas departamentales o los concejos municipales, en los primeros cuatro meses de vigencia de la citada ley; de lo contrario, serán los gobernadores o alcaldes de las respectivas entidades los competentes para la implementación de la figura.
Mediante el Decreto 320 del 28 de febrero de 2017, se conformó la Comisión de Estudios del Gasto Público y de la Inversión en Colombia, y se definieron sus integrantes, dentro de quienes se nombró al Doctor Juan Manuel Charry Urueña. Sin embargo, mediante comunicación del 4 de marzo del 2017, él presentó su renuncia como integrante de dicha comisión. Por lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 636 del 18 de abril de 2017, con el cual acepta esta renuncia y modifica el artículo 1 del Decreto 320 de 2017, excluyendo al Doctora Charry Urueña de tal comisión.
Frente al manejo tributario del envío de dinero de reaseguros del exterior, la DIAN recuerda que con ocasión a dicho manejo introdujo cambios al numeral 16 del artículo 24 del ET señalando que las primas de reaseguros cedidas a entidades del exterior son ingresos de fuente nacional, y al 408 del ET estableciendo que la tarifa de retención en la fuente que se debe practicar cuando se realice el pago a la entidad aseguradora del exterior.
La DIAN recuerda que los servicios de alimentación prestados bajo contratos celebrados por instituciones del Estado con recursos públicos y destinados a la asistencia social se encuentran excluidos del impuesto nacional al consumo.
La DIAN señala que en concordancia con el artículo 363 de la Constitución Política, las leyes tributarias no se aplican con retroactividad; por ello, las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de 2016 al impuesto de renta (impuesto de periodo) rigen a partir del periodo siguiente a la vigencia de la ley, que de acuerdo con el artículo 376 de la misma inició a partir del 29 de diciembre de 2016. En consecuencia, el tratamiento tributario para las cooperativas consagrado en el artículo 142 de la citada ley rige para el año gravable 2017, es decir, se aplica a los beneficios netos o excedentes que se obtengan en el año gravable 2017, año en el cual se liquidará la tarifa y se deberá dar la destinación que prevé tal disposición. Por tanto, al beneficio neto o excedente obtenido en el año gravable 2016 se le dará el tratamiento tributario que regía antes de las modificaciones incorporadas por la Ley 1819 de 2016.
La DIAN precisa que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que desarrollen actividades de distribución de combustibles líquidos y derivados del petróleo y que les sea aplicable el parágrafo 4 del artículo 28 del ET, solo podrán detraer los costos de transporte del combustible y los gastos deducibles asociados a la operación, con el cumplimiento en especial del capítulo V, título I del libro primero del ET, dentro del cual se encuentran los artículos 145 y 146 que tratan el tema de las deducciones de cartera morosa o perdida.
Mediante Resolución 000025, la DIAN ha suspendido los procesos de cobro administrativo coactivo y en consecuencia, el término de prescripción de las acciones de cobro a los contribuyentes con domicilio en la ciudad de Mocoa, por un término de seis meses contados a partir del 12 de abril de 2017, fecha en la cual se expidió dicha resolución. Lo anterior debido a que el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en este municipio del departamento de Putumayo mediante los Decreto 599 y 601 de 2017, y que de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 1523 de 2012 es procedente la suspensión de dichos procesos.
Por el cual se corrigen los yerros de los artículos 89, 99, 111, 123, 165, 180, 256, 281, 289, 305, 317 y 319 de la Ley 1819 de 2016.