Para acogerse al beneficio señalado en el artículo 306 de la Ley 1819 de 2016, es requisito que antes de la entrada en vigencia de la norma se haya notificado requerimiento especial, liquidación oficial, acto administrativo que resuelta el recurso de reconsideración, o pliego de cargos.
El Consejo de Estado precisa que, los contratos de estabilidad jurídica contemplados en la Ley 963 de 2005, tenían como objeto garantizar a los inversionistas que, en caso de modificaciones desfavorables en las normas que fuesen determinantes para su inversión, estas les seguirían aplicado. En consecuencia, señala que considerando que la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo tributo, sino que extendió la vigencia del impuesto al patrimonio establecido mediante la Ley 863 de 2003, prorrogado a su vez por Ley 1111 de 2006, este se encuentra amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005, siempre y cuando en el contrato de estabilidad jurídica se haya identificado expresamente el impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006. Por otra parte, el Consejo de Estado aclara que la competencia de la DIAN se limita a la interpretación de normas tributarias del orden nacional, aduaneras y de control cambiario, razón por la cual, emitir un concepto que interpreta normas diferentes a éstas, escapa de su competencia.
El pan adquirido a los grandes almacenes de cadena productores y vendedores del mismo para ser llevado por los compradores, está excluido del IVA y no genera impuesto nacional al consumo, por lo que no hace a sus vendedores responsables de este impuesto.
DIAN. Mediante el cual se establecería que el impuesto nacional al ACPM sería liquidado a $597.75 por galón, al igual que el diésel marino y fluvial y los aceites vinculados.
Los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, se rigen por la fecha de su resolución o acto de adjudicación; por lo que es válido afirmar que todo contrato estatal celebrado antes de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria estructural), seguirá ejecutándose aplicando tarifa del 16% de IVA
A partir del 1 de enero de 2017 la importación de licores, vinos, aperitivos y similares se encuentran gravados con la tarifa del IVA del 5%; esta misma tarifa aplicará en la comercialización del producto dentro del país y se deberá discriminar en la factura de venta, sin perjuicio del impuesto al consumo que corresponda conforme al artículo 50 de la Ley 788 de 2002 modificado por el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016.
La exención contenida en el anterior numeral 9 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, (hoy numeral 6 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016), procede cuando en los predios aportados al patrimonio autónomo se desarrollen proyectos de vivienda de interés social, conforme con las normas que regulen este tipo de viviendas, programas y proyectos de renovación urbana o provisión de espacios públicos urbanos, sin que deba mediar un proceso de declaración como bienes de utilidad pública o de interés social y sin que se requiera que los predios aportados al patrimonio autónomo se encuentren calificados o zonificados por el Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente, para el desarrollo de Vivienda de Interés Social –VIS– o de Vivienda de Interés Prioritario –VIP–.
DIAN. Considerado como el concepto general del impuesto nacional al carbono, en él se da claridad a varios aspectos relacionados con los cambios en el impuesto al carbono tras la reforma tributaria.
La DIAN que recuerda que la norma que exigía al contribuyente que acompañara su declaración de renta con una suma por concepto de la provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro, para la procedencia de la deducción, fue derogada por el Decreto 2503 de 1987.
La DIAN señala que el servicio de catering entendido como el “suministro de comidas y bebidas preparadas para los empleados de la empresa contratante”, se encuentra excluido del Impuesto Nacional al Consumo por expresa disposición legal, ya que no ha tenido ninguna modificación. Dicho servicio se encuentra gravado con el Impuesto sobre las Ventas –IVA- a la tarifa general del 19% de conformidad con el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, que modifica el artículo 468 del ET. Asimismo, aclara que quienes prestaron servicios en su totalidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, debieron causar el IVA en el mismo momento, por lo que la facturación del impuesto mencionado debió realizarse con la tarifa del 16%.