El CTCP señala que para evaluar cómo afecta el COVID-19 a los estados financieros de 2019 se debe consultar la sección 32 del Estándar para Pymes, que explica que los hechos posteriores son aquellos que tienen lugar entre el cierre de los estados financieros y su fecha de autorización. Existen dos tipos de hechos posteriores, a saber: los ajustables y los no ajustables.
Si la situación existía a la fecha de cierre, se considera un hecho ajustable, que requiere que se modifiquen las cifras de los estados financieros. Si, por el contrario, la situación no existía a la fecha de cierre, entonces podrá clasificarse como un hecho no ajustable que exige que se realicen revelaciones en los estados financieros si el hecho es material, salvo que la hipótesis de negocio en marcha ya no sea aplicable.
Si la entidad ya había autorizado sus estados financieros para el momento en que empezaron a verse los primeros impactos del COVID-19, entonces no deberá realizar ningún ajuste en sus informes. Si, por el contrario, la entidad no había autorizado sus estados financieros para ese momento, entonces deberá evaluar si es necesario que realice revelaciones al respecto o que considere una base distinta para la preparación de sus estados financieros.
Dian expide la Resolución 000040 de 2020, a través de la cual se flexibilizan transitoriamente algunas disposiciones para la obtención del RUT de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica generado por la propagación del COVID-19.
Así, dicha resolución establece que, cuando la inscripción en el RUT de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia obligados a cumplir deberes formales y los prestadores de servicios desde el exterior responsables del IVA (de los que tratan el artículo 326 y el parágrafo 2 del artículo 437 del Estatuto Tributario –ET–) se realice a través de apoderado, podrán aportar en copia simple los documentos previstos en los numerales 5 y 11 del artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016, en el idioma original, sin necesidad de apostilla ni traducción oficial.
Dian expide la Resolución 000030 de 2020, a través de la cual adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la entidad en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Dicha resolución, además, establece la suspensión de la totalidad de los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los procesos disciplinarios, así como los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera y cambiaria.
A través del Decreto Ley 492 de 2020 el Gobierno nacional adoptó medidas que permitan optimizar el uso del capital de entidades financieras de propiedad estatal, transfiriendo recursos al Fondo Nacional de Garantías, para que respalde la emisión de nuevos créditos con el fin de mantener activas las relaciones crediticias y financiar a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas naturales, que han dejado de percibir ingresos por su condición de trabajadores independientes o por desempleo.
Así pues, la propiedad de todas las empresas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollen actividades conexas al servicio financiero, que hagan parte de la rama ejecutiva del orden nacional, y que estén registradas a nombre de ministerios, departamentos administrativos y demás entidades del orden nacional, quedarán registradas y vinculadas a nombre de la nación – Ministerio de Hacienda.
Una vez efectuado el registro, el¬ Ministerio de Hacienda podrá aportar como capital de la empresa Grupo Bicentenario S. A. S. la propiedad accionaria de todas las entidades financieras que hagan parte de la rama ejecutiva del orden nacional a su valor intrínseco.
Por el cual se reglamenta el numeral 5 del artículo 424 del Estatuto Tributario y se modifica el DUR 1625 de 2016 para adicionar los artículos 1.3.1.12.21, 1.3.1.12.22 y 1.3.1.12.23 al capítulo 12 del título 1 de la parte 3 del libro 1, para efectos de precisar a qué computadores de escritorio y portátiles les aplica la exclusión de IVA, tanto en la importación como en las ventas.
En razón a la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica declarada en Colombia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y la Presidencia de la República a raíz de la propagación del coronavirus (COVID-19) y debido a las continuas peticiones realizadas por los contribuyentes respecto a esta situación y la forma en como está afectando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Dian expidió la Resolución 000027 de marzo 25 de 2020 para realizar la ampliación de los plazos de:
• La presentación de la información exógena correspondiente al año gravable 2019 (artículo 45 de la Resolución 011004 de 2018, modificado y adicionado por el artículo 15 de la Resolución 000008 de 2020).
• La presentación de la información mensual que deben reportar las entidades públicas y privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales (artículo 42 de la Resolución 000070 de 2019).
• La presentación de la información tributaria y cambiaria ante la Dian, de la que tratan las resoluciones 09147, 09148 y 09149 de 2006.
Para el caso de las personas jurídicas y naturales, la presentación de la información exógena correspondiente al año gravable 2019 será desde el 1 de junio hasta el 1 de julio de 2020.
A través del Decreto 461 de 2020, el Ministerio de Hacienda faculta a los gobernadores y alcaldes para que reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales, con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Por tanto, para la reorientación de recursos en el marco de la emergencia sanitaria no será necesaria la autorización de las asambleas de departamentos o consejos municipales. Sin embargo, estos recursos únicamente podrán estar reorientados a la atención de los gastos necesarios para enfrentar las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Adicionalmente, tanto alcaldes y gobernadores tendrán la facultad de realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar.
A través del Decreto 458 de 2020, el Ministerio de Hacienda adoptó medidas para los hogares en condición de pobreza en el territorio nacional, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).
Así pues, considerando que la compensación del IVA de que trata el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 se encuentra entre las medidas tratadas en el Decreto 417 de 2020 como una medida que debe ser modificada con el fin de lograr su implementación expedita para mitigar la vulnerabilidad económica de los hogares en condición de pobreza en el territorio nacional, se estableció que el Departamento Nacional de Planeación –DNP– será el encargado de expedir la resolución con el listado de beneficiarios de la compensación. No obstante, será el Consejo Superior de Política Fiscal –Confis– el encargado de dirigir la política fiscal, coordinar el sistema presupuestal y determinar el monto de la compensación.
A raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por la rápida expansión del coronavirus (COVID-19) en Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo redujo temporalmente el arancel de aduanas al cero por ciento (0 %) para la importación de algunos medicamentos y dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, al igual que insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico.
Dicha medida regirá hasta por el término de seis (6) meses; vencido este plazo, se restablecerá el arancel contemplado en el Decreto 2153 de 2016 y sus modificaciones.
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 456 de 2020, mediante el cual reglamentó los puntos adicionales al impuesto de renta y complementario para las instituciones financieras previstos en el parágrafo 7 del artículo 240 del ET, adicionado por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019.