La Secretaría de Hacienda Distrital dio a conocer la Resolución 000190 de 2018, por la cual establece los lugares, plazos y descuentos que aplican para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los tributos administrados por Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá –DIB–.
Algunos de los plazos o vencimientos antes mencionados quedaron establecidos de la siguiente forma; los agentes retenedores del ICA bimestral deberán declarar y pagar a más tardar el 15 de marzo, 17 de mayo, 19 de julio, 20 de septiembre, 15 de noviembre de 2019 y 17 de enero de 2020; los responsables del impuesto predial tendrán plazo hasta el 21 de junio de 2019, los responsables del impuesto de vehículos tendrán plazo para cumplir sus obligaciones hasta el 28 de junio de 2019, entre otros.

Teniendo en cuenta que el comportamiento de los precios internacionales del petróleo ha generado ingresos y liquidez extraordinarios para las empresas del sector de los hidrocarburos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el Decreto 2146 de 2018, por el cual se implementa un sistema voluntario de pagos mensuales provisionales (un sistema exceptivo de retención en la fuente) para los contribuyentes del impuesto de renta de dicho sector, por los meses de noviembre y diciembre de 2018, y a partir del 1 de enero de 2019.
En la norma se establece que los contribuyentes que se acojan al sistema podrán declarar y pagar el valor que corresponda al 4,5 % liquidado sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta en divisas provenientes del exterior, entre otras disposiciones.

Luego de obtener la certificación de la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos medios entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de octubre de 2018 por parte del Dane (la cual fue de 3,36 %), y en cumplimiento de lo consagrado en el inciso tercero del artículo 868 del ET, el cual establece que le corresponde al director general de la Dian publicar mediante resolución, antes del 1 de enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año gravable siguiente, este expidió la Resolución 000056 del 22 de noviembre de 2018, fijando en $34.270 la UVT aplicable para el 2019.
Cabe precisar que este valor se calcula teniendo en cuenta que la UVT de 2018 (equivalente a $33.156) se reajusta en un 3,36 %, porcentaje que corresponde al incremento del índice de precios al consumidor –IPC– de ingresos medios calculado por el Dane para el período comprendido entre octubre 1 de 2017 y octubre 1 de 2018.

Por el cual se crea la Comisión intersectorial para el desarrollo de la economía digital

Dian expide el Concepto 33637 de 2018, mediante el cual se pronuncia sobre el tratamiento tributario en el impuesto de renta y complementario de las herencias.

Según lo establecido en el artículo 326 del ET, para acreditar el pago de los impuestos correspondientes a la transacción por cambio de la titularidad de la inversión extranjera se deberá presentar la declaración de renta por dicho cambio, para lo cual es necesario que la Dian, conforme a sus facultades, habilite el formulario y el procedimiento para este fin.
Por lo anterior, la Dian dio a conocer la Resolución 000054 de 2018, por la cual habilita el formulario 150 para la presentación de la “Declaración de renta por cambio de titularidad para los inversionistas extranjeros”. A su vez, en dicha declaración se estipula que el formulario en mención estará disponible en los sistemas de la Dian a partir del 1 de enero de 2019.

La Dian dio a conocer la Resolución 000055 de 2018, por la cual establece el procedimiento para que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que cumplan con lo establecido en el artículo 260-5 del Estatuto Tributario y los artículos 1.2.2.2.3.1 al 1.2.2.2.3.7 del Decreto 1625 de 2016 presenten el informe “País por país”, correspondiente al año gravable 2017. A su vez, adopta el contenido y especificaciones técnicas de la información a presentar a través de los servicios informáticos electrónicos para el mismo período. También plantean las indicaciones para que los obligados a presentar el informe “País por país” puedan realizar las correcciones al archivo XML cuando sea el caso.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró la exequibilidad del parágrafo tercero del artículo 100 de la Ley 1819 de 2016: “Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo hayan incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas, deberán liquidar el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el número de años contados desde la fecha de inicio de operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas fiscales”. Tras la lectura de los fundamentos de la sentencia puede entenderse que, en atención a lo estipulado en el artículo 338 de la Constitución Política, el cual prescribe que las leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, solo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.
Por lo anterior, la corte determinó que el régimen de transición de progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta para las pequeñas empresas beneficiarias de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 solo se aplica a partir del año gravable 2017.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró inexequible la partida 96.19 del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, bajo el fundamento de que el impuesto a las toallas higiénicas y tampones vulnera el principio de equidad horizontal y actualmente discrimina a las mujeres.
La corte en mención identificó que era aún más inconstitucional declarar únicamente la inexiquibilidad de dicha partida, puesto que se presentaría un incremento en el IVA, pasando del 5 % a la tarifa general del 19 %. Por lo anterior, se integró una partida (toallas higiénicas y tampones) al listado de los bienes excluidos del impuesto al valor agregado, contemplado en el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró exequible el inciso primero del artículo 336 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, en el entendido de que los trabajadores independientes pueden detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta.
La corte en mención indicó que si se impide restar costos y gastos a los trabajadores independientes que utilicen la cédula de rentas de trabajo, se estaría violando el principio de equidad tributaria (numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política), y dentro de las razones señala, entre otras, que los ingresos de los trabajadores asalariados son, por lo general, constantes, mientras que los ingresos de los independientes son intrínsecamente variables.