El artículo 423-1 del ET estipula que la importación de los premios y distinciones obtenidos por colombianos en concursos, reconocimientos o certámenes internacionales no estará sometida al impuesto sobre las ventas.
Por lo anterior, en el presente decreto se adiciona el capítulo 18 al título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único reglamentario en materia tributaria, reglamentándose así el artículo 423-1 del ET, y se desarrollan los requisitos para la procedencia de la calificación favorable para la no causación del IVA en la importación de dichos premios y distinciones en concursos, reconocimientos o certámenes internacionales de carácter científico, literario, periodístico, artístico o deportivo.

La exención de IVA para servicios turísticos aplica al sujeto que recibe el servicio, es decir, aquellos que son prestados a residentes en el exterior que ingresen al territorio nacional sin el ánimo de establecerse en Colombia, independientemente del medio por el cual se realice el pago del servicio objeto de la exención, el cual puede ser de manera directa por el no residente o a través de las agencias que venden el paquete turístico.
En la presente también se trae a colación el artículo 114-1 del ET, del cual se concluye que para que un patrimonio autónomo se encuentre exonerado del pago de aportes parafiscales, los miembros que lo conforman deben estar, entre otras disposiciones, exonerados de manera individual de dichos pagos.

El Consejo de Estado, mediante la presente sentencia resaltó que en el régimen de precios de transferencia supone la aplicación de precios del mercado en las operaciones de financiamiento, cuya consecuencia lógica deviene en la no aplicación de la presunción de intereses presuntos. Por lo anterior, se declara la nulidad de los oficios 066668 de 2008 y 058444 de 2013, puesto que la presunción de que trata el artículo 35 del ET se aplica en las operaciones realizadas por contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que no están sometidos al régimen en mención.
También se concluye que no es acertado afirmar que con la entrada en vigor del régimen de precios de transferencia se haya derogado tácitamente el artículo 35 del ET.

La Dian, analizando el artículo 36 del Decreto 349 de 2018 y el artículo 424 del Estatuto Tributario, observa que para efectos de la procedencia de la exclusión de IVA en los equipos y elementos destinados a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental ( numeral 7 del artículo 424 del ET) debe existir correspondencia entre la descripción de la mercancía y la subpartida arancelaria establecida en la resolución de clasificación de la unidad funcional emitida por la Dian y la establecida en la certificación proferida por la autoridad ambiental de licencias ambientales –Anla–.
Lo anterior, debido a que los dos documentos obran como soporte de la declaracion de importación, incluso si hay corrección de la misma.

La Alcaldía de Santiago de Cali emitió el presente decreto, por el cual se modifican las etapas y herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes del municipio de Santiago de Cali, así como también la correcta administración de los tributos por parte de la autoridad.
Por lo anterior, se realizan modificaciones al Decreto extraordinario 0139 de 2012, que a su vez fue modificado por el Decreto 0165 de 2013, en los siguientes aspectos, utilización de los formularios, la presentación electrónica de las declaraciones, sanción por extemporaneidad, correcciones en las declaraciones tributarias, sistemas técnicos de control, entre otros relevantes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el municipio de Santiago de Cali.

Mediante la presente doctrina, la Dian infiere que, para el reconocimiento y medición fiscal de los elementos del estado financiero tales como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, se deben tener en cuenta las normas tributarias de carácter tanto general como especial, que se tienen para cada elemento, las cuales se encuentran establecidas en el título I y II del libro primero del ET, y así determinar la renta líquida con base en el artículo 26 ibídem.
Por último, cuando se susciten diferencias entre el reconocimiento y medición contable frente al reconocimiento y medición fiscal, estas deberán estar reflejadas en la conciliación fiscal.

La Dian reitera que el valor residual es el determinado por la técnica contable y no por la regla fiscal, en tal sentido si un contribuyente necesita calcular la base de depreciación para efectos fiscales debe determinarla en los términos del artículo 131 del ET.

La Dian trae a colación los artículos 69, 128, 137, y 290 del ET, para dar respuesta a las preguntas relacionadas con el tratamiento fiscal y contable de las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones sobre activos fijos.
Por lo anterior, en aplicación de la normatividad vigente relativa al costo fiscal de los activos fijos, la Dian aclara que las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2017, que deban ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan con las disposiciones del Estatuto Tributario, integran el costo fiscal de los elementos de la propiedad, planta y equipo, y propiedades de inversión, de manera que deben considerarse para el cálculo de vida útil del activo y las alícuotas de depreciación fiscal. En caso de que la mejora se halla realizado antes de la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, se deben aplicar las normas que estuvieron vigentes para la fecha.

La Dian concluye que la exoneración de impuestos nacionales de que trata el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 no opera frente a la responsabilidad del impuesto sobre las ventas de cualquier tipo de propiedad horizontal, frente a la prestación de servicios gravados con el IVA, así se trate de arrendamientos del salón comunal.

Mediante el Concepto 15691 de 2018, la Dian ha expresado que sobre el Decreto 4910 de 2011 ha operado el fenómeno del decaimiento del acto administrativo.
Cabe resaltar que el decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento desaparecen del escenario jurídico.
Teniendo en cuenta que el decreto se encargaba de fijar condiciones y requisitos para el acceso a beneficios tributarios por pequeñas y medianas empresas establecidos en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, dichas disposiciones también fueron derogadas con la expedición de la Ley 1819 de 2016.