La Dian concluye que las personas naturales no residentes que no se encuentran en el supuesto del numeral 2 del artículo 592 del ET, están obligadas a presentar declaración de renta y para ello deben aplicar el sistema ordinario y calcular la renta presuntiva si hubiere lugar a ello.

Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado concluye que para que los certificados expedidos por el contador público o el revisor fiscal sean válidos, deben llevar al convencimiento del hecho a demostrar y estar sujetos a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, concluye que el emplazamiento pierde sustento cuando se profiere luego de que se ha practicado la inspección tributaria, pues en ese momento la administración ya tiene elementos probatorios.

Es competencia del Congreso de la República establecer tributos de orden nacional, departamental y municipal, a través de los cuales se cubran los gastos e inversiones del Estado. De igual manera, para la aplicación del tributo local creado por el congreso, es necesario que los municipios, a través del concejo, expidan acuerdos que regulen dicho tributo.
Por lo anterior, se modifica, actualiza y compila el régimen procedimental tributario en los siguientes aspectos: identificación tributaria, actuación, notificación, deberes y obligaciones formales, entre otros aspectos relevantes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el municipio de Medellín.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaro inexequible la expresión: “El Gobierno podrá establecer una disminución gradual del porcentaje del costo presunto definido en el presente artículo, en consideración al monto de los ingresos gravados de los productores durante el correspondiente año gravable”, contenida en el artículo 46 de la Ley 1819, ya que dicho aparte implicaba que el Gobierno presentara facultades para alterar por decreto la base gravable del impuesto.
De igual manera, se declaró inexequible el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, puesto que establecía tratamientos tributarios favorables, que consistían en la disminución de sanciones e intereses originados a partir de obligaciones tributarias consolidadas.

Mediante el presente decreto, el Ministerio de Educación Nacional define el procedimiento y los lineamientos para la postulación de los programas de becas ante dicho ministerio y la aprobación de estos, para ser financiados con las donaciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y obtener los beneficios tributarios de que tratan los artículos 158-1 y 256 del ET.
El Decreto 978 de 2018 estipula que la convocatoria para las instituciones de educación superior, en cuanto a la postulación de los programas de becas, se llevará a cabo los 15 primeros días del mes de marzo de cada año. Por su parte, para efectos fiscales, el Icetex remitirá a la Dian los certificados tributarios expedidos durante la vigencia fiscal anterior, a más tardar el 31 de marzo de cada año.

El artículo 7 de la Ley 56 de 1981 asignó al gobierno nacional la labor de fijar la proporción en que debe ser distribuido el impuesto de industria y comercio –ICA–, el cual debe ser pagado por la entidad propietaria de las obras.
El Ministerio de Minas y Energía establece la proporción en que debe distribuirse el ICA al municipio del área de influencia de la Central Termoeléctrica El Morro 2, propiedad de la Central Termoeléctrica El Morro 2 SAS ESP, determinándose así una proporción del 100% para Yopal en la distribución del impuesto en mención, equivalentes a 78.480 kilovatios.

La Dian aclara que, frente a la medida cautelar de suspensión o interrupción provisional de la calidad de operador económico autorizado –OEA–, la entidad en mención no podrá levantar dicha medida hasta que el grupo de estudio del OEA no determine el cierre del análisis del caso y tome una decisión profunda.

A través del Decreto 946 de 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adiciona los literales n) y o) al DUR 1625 de 2018.
En el literal n) se estipulan los requisitos especiales con los que deben cumplir los contribuyentes dedicados a la exploración de hidrocarburos en los proyectos costa afuera, dentro de los cuales están: el certificado expedido por el revisor fiscal o contador público y el certificado emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
En el literal o), por su parte, se estipulan los requisitos especiales con los que deben cumplir los exportadores de oro para llevar a cabo el procedimiento de devolución de saldos a favor, dentro de los cuales están: certificado del representante legal de la empresa, copia del certificado de origen y el certificado de la Agencia Nacional de Minería.

La Dian concluye que quienes elaboren obras cinematográficas y no sean residentes fiscales, no están obligados a declarar renta cuando sus ingresos estén constituidos únicamente por tales pagos.