En atención a la diversidad de los sistemas de información, los grados de avance en la transición al marco normativo para entidades del gobierno, las manifestaciones ante la CGN sobre las dificultades que se han presentado respecto al registro de operaciones contables en la cuenta 3145, y los efectos en la preparación y presentación de los informes financieros y contables mensuales, como en el reporte de la información a la CGN en las categorías “estado de situación financiera de apertura” e “información contable pública – convergencia”, la Contaduría General de la Nación dio a conocer la Resolución 523 de 2018, por la cual redefine la utilización de la cuenta 3145 – Impactos por la transición al nuevo marco de regulación.
Las entidades podrán ajustar en sus sistemas de información los saldos a la fecha de transición de las distintas partidas de activos, pasivos y patrimonio, afectando, cuando haya lugar, dicha cuenta en cualquier fecha durante 2018.
La Superintendencia Financiera de Colombia informa las modificaciones que se presentaron del 2 al 29 de octubre de 2018, en los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía.
Mediante la presente doctrina, el CTCP reitera que los servicios de aseguramiento que tienen un componente financiero o relacionado con las actividades descritas en el artículo 2 de la ley 43 de 1990 deben ser prestados por un contador público titulado.
El CTCP concluye que, en relación con los soportes, comprobantes de contabilidad y libros, los artículos 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134 y 135 del Decreto 2649 de 1993 aún se encuentran vigentes.
El 25 de abril de 2017, mediante la Resolución 000-0365, la Junta Central de Contadores estableció el procedimiento para la devolución de dineros por concepto de trámites fallidos, los cuales fueron definidos en el parágrafo del artículo primero de la misma resolución.
Así mismo, la entidad en mención identificó la necesidad de adicionar algunos asuntos como trámites fallidos, por lo cual dio a conocer la Resolución 000-1006 de 2018, a través de la cual incorporó el procedimiento para la entrega de la tarjeta profesional o tarjeta de registro dentro de dichos trámites (ya sea por devolución de la misma u orden de archivo físico).
Según lo establecido en el artículo 326 del ET, para acreditar el pago de los impuestos correspondientes a la transacción por cambio de la titularidad de la inversión extranjera se deberá presentar la declaración de renta por dicho cambio, para lo cual es necesario que la Dian, conforme a sus facultades, habilite el formulario y el procedimiento para este fin.
Por lo anterior, la Dian dio a conocer la Resolución 000054 de 2018, por la cual habilita el formulario 150 para la presentación de la “Declaración de renta por cambio de titularidad para los inversionistas extranjeros”. A su vez, en dicha declaración se estipula que el formulario en mención estará disponible en los sistemas de la Dian a partir del 1 de enero de 2019.
La Dian dio a conocer la Resolución 000055 de 2018, por la cual establece el procedimiento para que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que cumplan con lo establecido en el artículo 260-5 del Estatuto Tributario y los artículos 1.2.2.2.3.1 al 1.2.2.2.3.7 del Decreto 1625 de 2016 presenten el informe “País por país”, correspondiente al año gravable 2017. A su vez, adopta el contenido y especificaciones técnicas de la información a presentar a través de los servicios informáticos electrónicos para el mismo período. También plantean las indicaciones para que los obligados a presentar el informe “País por país” puedan realizar las correcciones al archivo XML cuando sea el caso.
La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró la exequibilidad del parágrafo tercero del artículo 100 de la Ley 1819 de 2016: “Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo hayan incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas, deberán liquidar el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el número de años contados desde la fecha de inicio de operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas fiscales”. Tras la lectura de los fundamentos de la sentencia puede entenderse que, en atención a lo estipulado en el artículo 338 de la Constitución Política, el cual prescribe que las leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, solo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.
Por lo anterior, la corte determinó que el régimen de transición de progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta para las pequeñas empresas beneficiarias de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 solo se aplica a partir del año gravable 2017.
La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró inexequible la partida 96.19 del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, bajo el fundamento de que el impuesto a las toallas higiénicas y tampones vulnera el principio de equidad horizontal y actualmente discrimina a las mujeres.
La corte en mención identificó que era aún más inconstitucional declarar únicamente la inexiquibilidad de dicha partida, puesto que se presentaría un incremento en el IVA, pasando del 5 % a la tarifa general del 19 %. Por lo anterior, se integró una partida (toallas higiénicas y tampones) al listado de los bienes excluidos del impuesto al valor agregado, contemplado en el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016.
La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró exequible el inciso primero del artículo 336 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, en el entendido de que los trabajadores independientes pueden detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta.
La corte en mención indicó que si se impide restar costos y gastos a los trabajadores independientes que utilicen la cédula de rentas de trabajo, se estaría violando el principio de equidad tributaria (numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política), y dentro de las razones señala, entre otras, que los ingresos de los trabajadores asalariados son, por lo general, constantes, mientras que los ingresos de los independientes son intrínsecamente variables.