El CTCP informa que en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015 se encuentra el Código de Ética emitido por la IFAC, el cual debe ser aplicado por los contadores en Colombia.

El CTCP reitera que el auditor externo de una copropiedad podrá ejercer como revisor fiscal de la misma, una vez transcurran seis meses desde el momento en que haya culminado su labor de auditoría.

El 31 de octubre de 2018 la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá expidió la Resolución DDI-058903 de 2018, por la cual fijó los sujetos obligados, la información y las especificaciones técnicas para reportar la información exógena distrital.
La información solicitada hace referencia a la información de ingresos obtenidos por actividades no sujetas, deducciones o exenciones de los contribuyentes de ICA en Bogotá; de compra de bienes y/o servicios, de cuentas corrientes y ahorros, etc.
En la misma también se estipula el plazo para la presentación de dicha información del año gravable 2018, el cual oscila entre el 26 de marzo y el 8 de abril de 2019. Al respecto, cabe resaltar que la información deberá entregarse únicamente a través de la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda. Finalmente, no presentar la información dentro de los plazos establecidos acarreará las sanciones previstas en el artículo 69 del Decreto distrital 807 de 1993.

El 31 de octubre de 2018 la Alcaldía de Santiago de Cali expidió la Resolución 4131.040.21.1050 de 2018, por la cual fijó los sujetos obligados, la información y las especificaciones técnicas para reportar la información exógena municipal.
La información solicitada hace referencia a la información de compra de bienes y servicios, información de retenciones en la fuente practicadas, información de retenciones en la fuente recibidas, información de cuentas corrientes y ahorros, información de servicios públicos de energía y acueducto, información de servicios de telefonía fija y móvil, información de distribución o importación de combustible, información de espectáculos públicos y la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los plazos para la presentación de dicha información del año gravable 2019 oscilan entre el 8 y el 20 de junio de 2020. Al respecto, cabe resaltar que no presentar la información dentro de los plazos establecidos acarreará las sanciones previstas en el artículo 259 del Decreto Extraordinario 411.0.20.259 de 2015.

Mediante la presente doctrina, el CTCP reitera que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben reconocer todos los gastos, es decir, los del negocio y los personales, así como los activos que cumplan la definición y requisitos de reconocimiento.

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 31 de octubre de 2018 la Resolución 1521, por medio de la cual certifica el interés bancario corriente para el siguiente período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2018, para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Con la presente resolución se certifica el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19,49 %, evidenciándose así una disminución significativa de 0,14 % en relación con la certificación del período anterior, y siendo la tasa de usura para el mismo de 29,24 %.
El interés remuneratorio y moratorio no podrá exceder en 1,5 veces el interés bancario corriente, es decir, el 29,24 % EA para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Para efectos tributarios, es importante tener presente que el artículo 635 del ET señala que el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés (diaria) que sea equivalente a la tasa de usura vigente, determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. En consecuencia, la tasa de interés de mora para deudas tributarias durante el mes de noviembre de 2018 fue de 27,24 %.

Mediante la presente doctrina, el CTCP infiere que, una vez la entidad recibe anticipos y no tiene la obligación de reembolsar dichos valores, deberá reconocerlos como ingresos. De lo contrario, se contabilizarán y presentarán en los estados financieros como pasivo.

El proyecto de ley de financiamiento presentado por el presidente Iván Duque ante el Congreso de la República tiene dentro de sus objetivos financiar programas sociales entre los que se destacan “Más Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción”, “Adulto Mayor”, entre otros. Lo anterior, como medida para contrarrestar el IVA que se aplicará a los productos de la canasta familiar. No obstante, este no es el único objetivo a la vista, pues con la presente también se busca reactivar la economía, mejorar la competitividad de las empresas, impulsar el empleo e incrementar la inversión.
Dentro de las modificaciones que serán introducidas por la reforma tributaria se encuentran: la reducción gradual del IVA hasta alcanzar el 17 %, la incorporación de requisitos para los “no responsables del IVA” (reemplazo del régimen simplificado), la rebaja del tope de ingresos brutos fiscales para el régimen simplificado a 2.500 UVT, la derogación del artículo 499 “Quiénes pertenecen al Régimen Simplificado”, la reducción paulatina de la tarifa de renta corporativa (32 % en 2020, 31 % en 2021 y 30 % a partir del 2022), entre otras modificaciones.

El Ministerio del Trabajo trae a colación el artículo 197 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se estipula que los trabajadores tienen derecho a las prestaciones y garantías que le correspondan, sea cual sea la duración de su jornada laboral (permanente o por días).
Por otra parte, los empleadores están obligados a afiliar al sistema de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar a los trabajadores que laboran por días, con una base de cotización mínima semanal, conforme a lo estipulado en el Decreto 2616 de 2013, compilado en el Decreto 1072 de 2015. De igual forma la norma indica que la afiliación será responsabilidad del empleador, el cual deberá realizar los recaudos a los aportes del sistema de riesgos laborales a través de la PILA.

El artículo 1.7.1 del Decreto 1625 de 2016 señala que el reporte de conciliación fiscal forma parte de la respectiva conciliación, y que corresponde al informe de los saldos contables y fiscales en donde se consolidan y explican las diferencias suscitadas entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario. Igualmente, mediante el artículo 1.7.4 del Decreto 1625 de 2016 se facultó a la Dian para que prescribiera el formato para el reporte de conciliación fiscal, labor que debía realizar a más tardar el 31 de octubre de 2018. En cumplimiento de lo anterior, dicha entidad expidió la Resolución 000052 de octubre 30 de 2018, con la cual prescribe el formato de reporte de conciliación fiscal para los años gravables 2018, 2019 y fracción del 2020. La resolución en mención se encuentra acompañada de 4 anexos: el primero corresponde al reporte de conciliación fiscal anexo formulario 110 – formato 2516, el segundo, al reporte de conciliación fiscal anexo formulario 210 – formato 2517; y el tercero y cuarto corresponden a las guías de diligenciamiento de cada formato.